30% de las emisiones globales están cubiertas por un precio al carbono

Estos instrumentos intentan internalizar parte de esos costos sociales asignando un valor monetario a las emisiones. De esta manera, el impacto climático empieza a formar parte de decisiones relacionadas con producción, inversión y consumo.

La lógica económica es relativamente sencilla. Una tonelada adicional de CO₂ genera consecuencias independientemente de que exista o no una factura que las refleje. Si una tecnología intensiva en combustibles fósiles resulta más barata porque parte de sus impactos termina distribuida entre el resto de la sociedad, la comparación frente a otras alternativas está incompleta.

Poner un precio al carbono busca corregir parte de esa distorsión. Si emitir genera un costo adicional, una empresa puede tener mayores incentivos para mejorar su eficiencia energética, modificar un proceso industrial o invertir en una tecnología con menor intensidad de carbono.

Sin embargo, el avance del 30% también abre una segunda pregunta: ¿qué tan fuerte es realmente la señal económica que estamos generando?

Ahí el panorama resulta menos alentador.

Cómo funciona la fijación del precio al carbono

Existen dos instrumentos principales para establecer un precio explícito sobre las emisiones.

El primero es el impuesto al carbono. En este caso, una autoridad determina una carga económica vinculada directamente a las emisiones o al contenido de carbono de determinados combustibles. Cuanto mayor es la intensidad de carbono, mayor puede ser el costo asociado.

El segundo es el Sistema de Comercio de Emisiones, conocido internacionalmente como ETS por sus siglas en inglés. Aquí el mecanismo funciona de otra manera. La autoridad establece un límite sobre las emisiones permitidas dentro de los sectores cubiertos y después asigna o subasta derechos de emisión que pueden intercambiarse entre empresas.

Los dos instrumentos utilizan mecanismos distintos, pero persiguen un objetivo similar: incorporar el costo asociado al carbono dentro de las decisiones económicas.

Eso puede influir en decisiones muy concretas.

Pensemos en una empresa que analiza si debe sustituir maquinaria, electrificar un proceso o invertir en eficiencia energética. Antes de tomar una decisión, comparará costos, retornos, riesgos y vida útil de los activos. Si mantener una tecnología intensiva en carbono genera un gasto adicional recurrente, otras alternativas pueden empezar a resultar más atractivas.

La misma lógica puede aplicarse a decisiones sobre energía, materiales, transporte, proveedores o infraestructura. Además, cuanto más larga sea la vida de una inversión, más importante resulta considerar cómo podría evolucionar el costo del carbono durante los próximos diez, veinte o treinta años.

La expansión de estos instrumentos también empieza a tener implicaciones sobre competitividad. Las empresas participan en cadenas de suministro que atraviesan países con políticas climáticas muy diferentes. Producir en una jurisdicción donde el carbono tiene un precio bajo o inexistente y vender en otra donde la señal económica es mucho más fuerte puede generar diferencias importantes en costos, inversión y comercio.

Por eso tiene sentido continuar ampliando la cobertura. Mientras una parte considerable de las emisiones mundiales permanezca fuera de estos esquemas, seguirán existiendo actividades donde sus consecuencias climáticas tienen poco peso dentro del cálculo económico.

Más cobertura, pero precios todavía muy bajos

La expansión durante la última década ha sido significativa.

Según Our World in Data, alrededor del 15% de las emisiones mundiales de CO₂ estaban cubiertas por impuestos al carbono o sistemas de comercio hace aproximadamente diez años. Hoy la proporción se encuentra alrededor del 30%.

Una parte importante de ese crecimiento está relacionada con China y con la introducción de su sistema nacional de comercio de emisiones para el sector eléctrico. Debido al tamaño de su sistema energético, la incorporación de este mercado aumentó de manera importante la proporción de emisiones globales cubierta.

Duplicar la cobertura en una década muestra que este tipo de políticas puede alcanzar una escala considerable. Sin embargo, saber cuántas toneladas están incluidas solamente nos permite entender una parte del avance.

También necesitamos saber cuánto cuesta emitir cada una de esas toneladas.

La mayoría de las emisiones sujetas actualmente a estos instrumentos enfrenta precios de 10 dólares por tonelada de CO₂ o menos. Este nivel contrasta con muchas estimaciones del costo social del carbono, que se encuentran por encima de los 100 dólares por tonelada.

El costo social del carbono intenta expresar en términos monetarios los daños adicionales asociados con emitir una tonelada más de CO₂ a la atmósfera. No existe un valor único. Las estimaciones cambian según los modelos utilizados, los impactos considerados y diferentes supuestos económicos y climáticos.

Por ello, comparar 10 dólares con más de 100 dólares no significa que todos los países deban adoptar automáticamente un precio específico. La comparación sirve, principalmente, para mostrar que existe una distancia importante entre muchos de los precios actuales y las estimaciones económicas de los daños generados.

Esa distancia puede afectar la capacidad del instrumento para modificar decisiones.

Si una empresa estudia una inversión de varios millones de dólares para transformar un proceso industrial y continuar emitiendo apenas añade un costo marginal a sus operaciones, el precio al carbono tendrá poco peso en el análisis financiero.

En ese escenario, la inversión tendrá que justificarse principalmente por otros factores, como ahorro energético, productividad, regulación futura o reducción de riesgos.

Cuando la señal económica aumenta, algunos cálculos pueden cambiar. Determinadas inversiones recuperan capital en menos tiempo, algunas tecnologías bajas en carbono mejoran su posición frente a alternativas convencionales y mantener activos intensivos en emisiones puede resultar progresivamente más costoso.

Cuánto cuesta emitir será cada vez más importante

Ampliar la cobertura sigue siendo una prioridad. Pasar del 30% actual hacia porcentajes mucho mayores permitiría incorporar el costo asociado al carbono dentro de una parte más amplia de la actividad económica.

Acercarse eventualmente al 100% reduciría, además, los espacios en los que grandes volúmenes de CO₂ pueden generarse sin enfrentar ningún costo explícito.

Pero aumentar la cobertura será solamente una parte del trabajo.

También será necesario discutir cómo deben evolucionar los precios. Un valor demasiado bajo puede tener poca influencia sobre inversiones que determinarán las emisiones durante décadas. Un aumento demasiado rápido, por otra parte, puede generar impactos relevantes sobre consumidores, industrias y competitividad.

Por eso, el diseño de estos instrumentos importa. También importa la velocidad con la que evoluciona el precio, los sectores que quedan cubiertos, la forma en que se distribuyen los costos y el destino de los ingresos recaudados.

El 30% es un buen indicador de cuánto se ha expandido la fijación de precios al carbono durante los últimos años. Pero, conforme la cobertura siga creciendo, será cada vez más importante observar otra variable: el valor que realmente se está asignando a cada tonelada.

Después de una década en la que la proporción cubierta prácticamente se duplicó, la siguiente etapa debería analizarse también desde su capacidad para modificar decisiones económicas concretas.

Si el precio al carbono empieza a cambiar la selección de una tecnología, acelerar la renovación de un activo, mejorar el retorno de una inversión baja en emisiones o modificar una decisión de producción, entonces podremos observar con mucha mayor claridad el efecto real de estos instrumentos.

Esa será, probablemente, una medida mucho más útil de su avance.

Nota editorial: Antonio Vizcaya Abdo es consultor en distintas organizaciones y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México enfocado en Sostenibilidad Corporativa. Reconocido por LinkedIn como Top Voice en Sostenibilidad. Síguelo en LinkedIn Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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