Ante a esos impactos, el sistema desarrollado por la Universidad de Washington contempla 57 conceptos, entre los que se incluyen el análisis del ciclo de vida, la gestión de escurrimientos superficiales, el uso de pavimentos permeables y de larga duración, el manejo del agua pluvial, sistemas de gestión de calidad, así como consideraciones ambientales como paisajes escénicos, pavimentos silenciosos, control de contaminación lumínica, formación ambiental y el uso de mezclas asfálticas tibias.
De estos criterios, el puntaje más alto que lograron las carreteras mexicanas fueron: impacto ambiental, conectividad ecológica, restauración del hábitat, garantía a los contratistas, buenos planes de mantenimiento, estándares de control de calidad y vegetación nativa.
En cambio, los puntajes más bajos se encontraron en criterios como pavimentos en frío, pavimentos permeables, vistas escenicas, contaminación lumínica, pavimento silencioso e integración de sistemas inteligentes para el transporte.
"América Latina y el Caribe arrastra la segunda mayor brecha estructural en infraestructura de transporte después de la del África subsahariana. Faltan carreteras, estándares de calidad y mantenimiento", menciona Ángel Cárdenas, gerente de de Infraestructura para el Desarrollo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF, por sus siglas en inglés).
Cárdenas destaca que las zonas rurales siguen estando desconectadas y muchas ciudades padecen infraestructuras viales insuficientes, inseguras o incapaces de responder a la demanda. Ante ello, dice que es necesario que los gobiernos resuelvan este déficit con políticas que se apeguen a sus metas de sustentabilidad, además de aplicar criterios de eficacia y eficiencia.
El SICT explica que el propósito de incluir estos conceptos de sustentabilidad en planes y programas en los diferentes sectores de la administración pública en México es una tarea necesaria en los países en desarrollo para responder a los retos internacionales en materia de desarrollo sustentable.
“La sustentabilidad debe influir en las políticas públicas de crecimiento económico para evitar los impactos negativos en el componente ambiental y sus repercusiones en los aspectos sociales y económicos”, agrega la secretaría.