En 2015, con la suscripción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 193 Estados miembro de las Naciones Unidas asumieron el compromiso internacional de avanzar en este sentido, tomando este documento como una guía de acción en favor de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas para lograrlo, lo que implica la participación no sólo de los gobiernos, sino del sector privado y de las organizaciones de la sociedad civil de forma conjunta y coordinada.
Desarrollo sostenible, un compromiso pendiente
Los retos que enfrenta el país no son menores, y esperemos que los 100 compromisos del nuevo gobierno se puedan ver plasmados en el próximo Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030.
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A la fecha, y después de la pandemia que afectó fuertemente el avance de dicha agenda, los resultados presentados y las evaluaciones de desempeño a nivel global en la materia no son lo que se esperaban y en su mayoría distan de poder lograr las metas y objetivos planteados al 2030 en los 6 años restantes, que en el caso de México coinciden con el periodo de gobierno de la nueva presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum.
En este sentido, podemos ver este sexenio como “la última oportunidad” que tiene nuestro país para avanzar en estos compromisos internacionales dentro del plazo acordado, en donde ojalá el sector público tenga un mayor interés e impulso del tema, y se logre un diálogo constructivo para detonar una acción mucho más coordinada con las empresas y las organizaciones de la sociedad civil.
Con el arranque de este nuevo gobierno se abren expectativas derivadas de los discursos de inicio y en particular con los 100 compromisos que se han manifestado públicamente. En ellos se han dado algunos matices al llamado “segundo piso de la cuarta transformación” que pudieran permitir vislumbrar una mayor alineación de éste con el desarrollo sostenible, en especial en materia ambiental. Por ejemplo, el impulso que se pretende dar a las energías renovables y la electromovilidad, así como los proyectos estratégicos para garantizar el acceso humano al agua, la limpieza y saneamiento de los principales ríos del país, la atención integral de la contaminación atmosférica de la CDMX, Monterrey y Guadalajara, las 10 nuevas plantas de reciclaje de basura y el proyecto de economía circular en Tula.
En cuanto a los compromisos en materia de desarrollo social, se mantendrá la línea con los programas sociales basados en apoyos y becas, pero se destaca la importancia de la salud, la educación, y la alimentación con nuevos y fortalecidos programas propuestos en la materia, así como del impulso de la cultura, la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico; y en particular, con la creación de la Secretaría de las Mujeres y los programas que de ésta surjan con lo que se espera incidir en una igualdad sustantiva para las mujeres en todos los ámbitos, que de lograrse sería un gran avance.
Finalmente, en materia de desarrollo económico, entre los compromisos destaca la apertura a la inversión privada y la relocalización de empresas, pero con innovación, buenos salarios, protección al medio ambiente y contenido nacional; la creación de nuevos polos de bienestar y cien nuevos parques industriales en todo el país; y la inversión en infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria.
Sin duda los retos que enfrenta el país no son menores, y esperemos que todos estos compromisos se puedan ver plasmados en el próximo Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030, y los proyectos estratégicos y políticas públicas que de éste emanen, así como en la adecuada asignación de recursos para su ejecución a lo largo de los siguientes años.
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A este compromiso, desde luego debe sumarse el del sector privado, quienes pueden hacer mucho a través de sus programas e iniciativas de responsabilidad social empresarial, pero sobre todo con la transformación de sus modelos de negocio hacia la sostenibilidad; al igual que las organizaciones de la sociedad las cuales pueden contribuir con sus acciones y proyectos encaminados al desarrollo sostenible, abonando a la disminución de la pobreza, a la mejora de la educación y de la salud, al cuidado del medio ambiente y la biodiversidad, a la lucha contra la corrupción y al empoderamiento de las mujeres, entre muchas otras causas.
Es así como México tiene un compromiso pendiente frente al desarrollo sostenible y ojalá no sólo la nueva administración retome el camino para avanzar en este sentido, en beneficio de todas y todos, sino que lo pueda hacer de la mano de las empresas y las organizaciones de la sociedad civil.
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Nota del editor: Jorge Reyes Iturbide es especialista en responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible y desde hace 19 años ha trabajado para diversas empresas y organismos nacionales e internacionales en proyectos de investigación, consultoría, desarrollo de estándares y educación ejecutiva en la materia. Actualmente es Director del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac (IDEA) de la Universidad Anáhuac México. Síguelo en Twitter y LinkedIn Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamete al autor.
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