Escribo esto como parte de la población LGBTI+. Personalmente, no me parece relevante seguir discutiendo si somos una “población” o una “comunidad”, porque creo que esa conversación ha desviado nuestra atención de lo realmente urgente: necesitamos políticas públicas dirigidas específicamente a nuestro sector.
'Love is love' no es suficiente sin un marco regulatorio
La falta de avance en políticas públicas destinadas a la población LGBTI+ en México obedece a una combinación de factores estructurales, políticos, sociales y culturales.
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En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG), aproximadamente 5 millones de personas mayores de 15 años se identifican como parte de la población LGBTI+, lo que representa el 5.1% de ese grupo etario. Sin embargo, si somos honestos, este dato podría quedarse corto. La invisibilidad que aún pesa sobre nosotros es evidente; tan evidente que la información disponible no ha sido suficiente para abordar otras problemáticas más allá del matrimonio igualitario.
Desde mi experiencia, el matrimonio igualitario ha funcionado como un enorme paliativo: una conquista simbólica que ha servido, en parte, para evitar hablar de lo que realmente nos duele. Porque lo que necesitamos no son solo derechos civiles, sino políticas públicas que garanticen el acceso a sistemas de salud dignos, y leyes que sancionen con firmeza la violencia estructural que enfrentamos día con día.
La falta de avance en políticas públicas destinadas a la población LGBTI+ en México obedece a una combinación de factores estructurales, políticos, sociales y culturales. Existe una resistencia institucional que se traduce en una evidente falta de voluntad política.
Muchos gobiernos estatales y municipales no incluyen en sus agendas las causas y derechos LGBTI+, lo cual cobra mayor relevancia cuando, a nivel nacional, aunque se han hecho algunos esfuerzos legislativos, estos no encuentran eco debido al compromiso insuficiente en el ámbito local. De nada sirve contar con un marco regulatorio si no existen mecanismos que aseguren su aplicación en todo el país.
Además, las instituciones encargadas de diseñar e implementar políticas públicas carecen de capacitación en diversidad sexual y de género, lo que resulta en programas mal diseñados o inexistentes. Esta realidad no es exclusiva de nuestra comunidad, sino que también afecta a otros grupos vulnerables, como pueblos indígenas, personas con discapacidad y adultos mayores.
En cuanto a la población queer, aunque existen avances importantes, como el reconocimiento de identidad de género en varias entidades federativas, al no existir una homologación nacional, se generan grandes brechas y desigualdades entre quienes viven en distintos estados. La situación se agrava aún más cuando solo en un número limitado de estados se han tipificado los crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género. La mayoría de las leyes no protegen de forma clara a las personas LGBTI+ en aspectos fundamentales como adopción, acceso a la salud, empleo digno o protección frente a la violencia sexual.
Y sobre violencia sexual, tal vez sea momento de empezar a hablar sin miedo: no existen protocolos ni unidades especializadas para atendernos, y mucho menos contamos con datos que permitan dimensionar la gravedad del problema. A veces creo que muchos de nosotros cargamos con la huella de un abuso sexual no abordado.
La ausencia de datos confiables y desagregados dificulta enormemente el diagnóstico de problemas, la asignación de presupuestos y el diseño de políticas públicas efectivas, lo que se traduce en la falta de programas focalizados que respondan a nuestras necesidades.
Además, es clara la falta de colaboración entre academia, gobierno y sociedad civil para generar evidencia que sustente la creación de políticas públicas adecuadas.
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Seamos honestos: love is love ya no es suficiente. Mientras en otros lugares, como Estados Unidos, la administración Trump eliminó programas federales de apoyo a grupos subrepresentados, incluyendo mujeres, minorías étnicas y la comunidad LGBTI+, empresas como Google, Meta, Amazon, Walmart, Ford, Target, Boeing y McDonald’s han cedido a presiones que han generado un preocupante retroceso en las políticas de diversidad e inclusión. Esta tendencia, influenciada por decisiones políticas y presiones externas, podría replicarse en otras partes del mundo si no actuamos.
Mientras las decisiones políticas sigan siendo influenciadas por sectores conservadores o religiosos que consideran los temas LGBTI+ como controversiales, será mucho más difícil avanzar. Nuestra lucha está atomizada; falta coordinación, incidencia conjunta y una agenda común de prioridades. Hace falta un esfuerzo real que cohesione y logre resultados contundentes. No se trata solo de leyes, sino de transformar un ecosistema institucional, cultural y político que aún no reconoce plenamente la ciudadanía plena de las personas LGBTI+.
Cuando el amor ya no es suficiente, es momento de exigir justicia, reconocimiento y políticas públicas reales.
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Nota del editor: Gonzalo Segundo es Consultor en Comunicación y Relaciones Públicas y director de Comunicaciones en Switch Point. Ha colaborado en distintas agencias de comunicación en México y es egresado de la Universidad de Monterrey. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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