Dos acontecimientos simultáneos le envían al mundo empresarial el mismo mensaje y conviene leerlo con atención. En Santa Marta, Colombia, se celebra esta semana la primera conferencia global sobre la transición más allá del petróleo y el gas, con la participación de 54 países que concentran cerca de un tercio de la demanda mundial de combustibles fósiles. En paralelo, el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita más de la quinta parte del comercio marítimo mundial de hidrocarburos, ha disparado los precios del diésel hasta 30 pesos por litro, ha forzado un subsidio fiscal para contener la inflación y ha obligado a un acuerdo voluntario de precios que casi la mitad de las gasolineras incumple.
Santa Marta, Ormuz y la mala apuesta del fracking mexicano
La transición energética dejó de ser un debate ambiental. Hoy es una decisión de competitividad que el sector privado mexicano no puede delegar en el gobierno.
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No es coincidencia. Mientras se proponen vías en Santa Marta para la salida del modelo fósil, México discute si entrar al fracking. Esa diferencia no es retórica, sino de dirección estratégica.
La dependencia de los combustibles fósiles dejó de ser un tema de responsabilidad social corporativa o de cumplimiento ambiental. Es una vulnerabilidad sistémica que afecta los márgenes, los costos logísticos, la planeación de inversiones a 10 años y, sobre todo, la capacidad del país para sostener la única gran oportunidad económica de la década: defender el nearshoring. Las plantas que se están instalando en México —semiconductores, automotriz y electrónica avanzada— venden a clientes finales que mantienen compromisos firmes de operar con electricidad 100% renovable. Esos compromisos no dependen de Trump, de Bruselas ni de la regulación internacional que se ha venido flexibilizando. Dependen de las grandes empresas globales que están eligiendo dónde ubicar sus próximas plantas. México será competitivo en costos laborales, pero no en energía limpia, que sus compradores exigen. Brasil ya entendió esa lectura. Chile también. Por eso lideran hoy la inversión en energías renovables en América Latina, mientras que México retrocede pese a su retórica climática.
En este contexto llega el anuncio de que un comité de expertos evaluará en dos meses la viabilidad de un “fracking de bajo impacto” en las cuencas de Burgos, Sabinas y Tampico-Misantla. La presidenta Sheinbaum, como científica del clima, sabe lo que está en juego, por lo que resulta difícil entender este giro. Alcanzar la autosuficiencia gasífera por esa vía implicaría perforar 3,500 pozos al año durante una década, con inversiones de hasta 45,000 millones de dólares anuales, en estados con sequía estructural y con una técnica que consume miles de metros cúbicos de agua por pozo. Las prometidas mejoras tecnológicas atenúan algunos daños, pero no los eliminan; el metano, el principal componente del gas natural, seguirá calentando el planeta sin importar cómo se extraiga. La paradoja política es que la “soberanía” prometida exigiría importar capacidad técnica del mismo país del que se quiere ser independiente, justo cuando la relación bilateral atraviesa su peor momento en los últimos 30 años.
Más allá del gobierno, cabe preguntar: ¿con qué supuestos está construyendo el sector privado mexicano sus planes a 10 años? Una termoeléctrica o una planta gas-intensiva tiene una vida útil de cuatro décadas. Aprobar hoy esas inversiones es apostar a que el gas seguirá siendo competitivo en 2040 frente a tecnologías cuyo costo no ha dejado de caer. La última vez que México sometió su generación eléctrica a la competencia de mercado fue hace ya casi una década, y la solar se contrató a uno de los precios más bajos del mundo. No hemos vuelto a probar el mercado, pero los costos globales siguen cayendo. La solar a gran escala es, en promedio, un 40% más barata que la alternativa fósil más económica, según la Agencia Internacional de Energía Renovable. Abandonamos en 2018 el experimento en el que México estaba ganando.
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Santa Marta plantea una hoja de ruta hacia la única soberanía energética que no depende de estrechos, de mercados volátiles, ni de pozos que se agotan. México tiene un mejor recurso solar que Brasil, Chile y Colombia juntos, vientos de clase mundial en cinco regiones, geotermia inexplorada y un sector privado con capacidad técnica y financiera para construir esa matriz. Lo que falta no son recursos naturales, ni capital, ni demanda corporativa. Falta certeza regulatoria, voluntad política, pero, sobre todo, un sector privado dispuesto a no esperar a que el gobierno decida por él.
¿Por qué confiaríamos en que Pemex, la misma empresa que tardó en reportar una fuga que terminó contaminando 48 playas, dirija ahora el “fracking sustentable”? ¿En un comité científico al que se le piden conclusiones en dos meses sobre una decisión que comprometerá al país durante 20 años?
México tiene energías renovables envidiables. La caída de los costos de almacenamiento ya atiende la intermitencia, que ha sido la excusa para no adoptarlas masivamente. Falta la decisión, tanto del gobierno como de las empresas, de invertir en ellas con la misma convicción con la que se sigue defendiendo el gas que no tenemos.
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Nota del editor: Isabel Studer es Presidenta de Sostenibilidad Global. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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