Más de 600 kilómetros de litoral, según reportes independientes, en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, llevan semanas cubiertos de crudo. Tortugas, delfines y manatíes aparecen muertos. Diecisiete arrecifes están afectados. Las comunidades pesqueras de Coatzacoalcos limpian sus playas con las manos porque la respuesta oficial ha sido insuficiente. Las versiones sobre el origen del derrame son contradictorias —un buque no identificado, chapopoteras, una posible falla en Cantarell—, pero eso importa menos que lo que el episodio revela. No estamos ante un accidente aislado, sino ante el síntoma más reciente de una crisis que se ha acumulado en silencio durante décadas.
La deuda invisible en el balance de Pemex
La deuda ambiental no es solo ecológica. Es económica y social. Los estados que alguna vez fueron motores de la riqueza petrolera son hoy los más castigados por una industria en declive.
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El debate sobre los impactos de Pemex suele reducirse a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y con razón, porque sus emisiones de metano por barril son ocho veces mayores que las de ExxonMobil, según México Evalúa. Pero las emisiones son solo la dimensión más visible de un problema mucho más profundo. La contaminación acumulada de suelos, agua y aire en las regiones petroleras y su impacto en la salud, la economía local y los ecosistemas es la realidad que está detrás de los datos de carbono que México ha preferido no medir. Y lo que no se mide, no se gestiona.
Un estudio independiente sobre los pasivos ambientales de Pemex, próximo a publicarse, ofrece por primera vez una estimación integral de lo que costaría abandonar adecuadamente la infraestructura petrolera y remediar las áreas contaminadas. La cifra asciende a 532,000 millones de dólares, más de un tercio del PIB mexicano, e incluye la inversión que exigiría el desmantelamiento de refinerías, decenas de miles de kilómetros de ductos, miles de pozos y plataformas marinas y la restauración de lagunas costeras y suelos saturados de hidrocarburos. Solo en Tabasco, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reporta más de 7000 hectáreas afectadas. A nivel nacional, Pemex es responsable de casi el 80% de la contaminación del suelo por hidrocarburos. Una quinta parte de esos sitios no tiene siquiera un plan de remediación.
Pero la deuda ambiental no es solo ecológica. Es económica y social. Los estados que alguna vez fueron motores de la riqueza petrolera son hoy los más castigados por una industria en declive. Tabasco, por ejemplo, pasó de tener el segundo PIB per cápita más alto del país a ubicarse entre los últimos lugares. El Banco de México ha documentado cinco años consecutivos de contracción económica en la región del Golfo. A eso se suman los más de 430,000 millones de pesos que Pemex adeuda a proveedores, lo que ha provocado cierres de empresas, despidos masivos y la destrucción del tejido empresarial local.
Las comunidades del Golfo y el Sureste cargan así con el triple castigo de la degradación ambiental, la dependencia de una industria que ya no genera riqueza y el colapso de las economías locales. Los costos en salud, como enfermedades respiratorias, leucemia infantil cerca de quemadores de gas, pérdida de medios de vida, ni siquiera se han cuantificado de manera sistemática. México no cuenta con un estudio equivalente al que la Organización de las Naciones Unidas realizó en Nigeria para dimensionar el daño. Esa ausencia no es casualidad, es una decisión política que perpetúa la invisibilidad de quienes más sufren. Esto, con gobiernos que dicen tener como prioridad a las comunidades desfavorecidas: “primero los pobres”.
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La transición energética no es un lujo ideológico, sino la única ruta para que esta deuda deje de crecer. Pero no basta con declarar intenciones. El propio estudio sobre la deuda ambiental de Pemex propone establecer un fondo nacional de remediación ambiental petrolera, realizar una evaluación científica independiente del daño y que Pemex publique un inventario completo de sus pasivos ambientales. A esas propuestas hay que sumar lo que ningún estudio técnico puede resolver por sí solo. La limpieza y restauración ambiental deberían funcionar como motor de empleo regional. Gran Bretaña muestra el camino mediante la sustitución de los subsidios agrícolas por inversiones en agricultura regenerativa, la adopción de paneles solares y la restauración de la biodiversidad para atraer el turismo ecológico. El Golfo-Sureste necesita una estrategia similar de reconversión económico-ambiental que transforme el pasivo petrolero en una nueva fuente de actividad productiva y de empleo.
La cifra de 532,000 millones de dólares parece inabordable. Pero la experiencia internacional muestra que posponer la remediación no reduce el costo, sino que lo multiplica. Mientras tanto, la deuda la pagan quienes menos la causaron, las comunidades costeras que llevan décadas respirando los gases, bebiendo agua contaminada y viendo morir sus ecosistemas terrestres y pesqueros. Un gobierno que habla del rescate de Pemex y de polos de desarrollo, a través del Plan México, tiene la obligación de respaldar esas palabras con un plan integral de desarrollo regional para las zonas que han dependido históricamente de una industria en decadencia. Sin ese compromiso, el rescate es retórica y la deuda “invisible” sigue creciendo.
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Nota del editor: Isabel Studer es Presidenta de Sostenibilidad Global. Síguela en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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