Desde los últimos años, México está entrando en una etapa crítica frente al cambio climático. Huracanes más potentes, lluvias atípicas, incendios prolongados y una urbanización mal planeada, como la expansión de zonas habitacionales en cauces de ríos o laderas inestables, están aumentando la frecuencia y el costo de los desastres naturales.
Cambio climático, la deuda pendiente que México no puede seguir ignorando
Los desastres naturales no se pueden evitar, pero sus consecuencias sí pueden mitigarse. La prevención no debe ser un privilegio reservado para unos cuantos, sino un derecho garantizado para todos.
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Lo que antes parecía excepcional hoy ocurre con regularidad, dejando huella en hogares, comunidades y economías locales.
En este nuevo contexto, el riesgo ya no es solamente climático, es social, económico y estructural. Porque el verdadero desafío no está solo en enfrentar el desastre, sino en lo que viene después: identificar ¿quién puede recuperarse?, ¿quién no? y, ¿qué hace la diferencia entre ambos perfiles?
Hoy, la respuesta está profundamente marcada, en principio, por la desigualdad. Las personas más vulnerables son, al mismo tiempo, las menos protegidas. Es común encontrar que las afectaciones principalmente van para quienes no cuentan con un respaldo económico que les permita reconstruir lo perdido, ni con acceso fácil a mecanismos de prevención o compensación. Sin embargo, la situación va mucho más allá. Y es ahí donde se abre un debate necesario sobre asegurabilidad: no como un producto financiero, sino como una condición para la resiliencia.
Pero ¿qué significa avanzar en esa dirección?
Primero, llevar la conversación sobre el riesgo al terreno público y de atención, no solo en los momentos de crisis. Anticiparse implica conocer el entorno, entender los riesgos, saber si la vivienda donde se habita está en una zona propensa a sismos o inundaciones, y tener claro que el “nunca ha pasado” no es garantía de que no ocurrirá.
Significa, también, acercar herramientas de protección a quienes hoy no las consideran opción. Esto se puede lograr a través de esquemas de aseguramiento colectivos o seguros hechos a la medida, soluciones que pueden ser sostenibles y efectivos. El reto está en escalarlos, hacerlos visibles y replicables.
Y, dentro de todo esto, la gran oportunidad sigue estando cambiar la narrativa de la prevención; es decir, dejar de hablar solo desde lo técnico o lo financiero, y empezar a conectar con lo esencial: la seguridad del hogar, la continuidad del negocio, la estabilidad de la familia; elementos que, en muchos casos, representan el principal bien de muchas familias. Si proteger el patrimonio se entiende cómo proteger el futuro, entonces la conversación puede cambiar.
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Los desastres naturales no se pueden evitar, pero sus consecuencias sí pueden mitigarse. La prevención no debe ser un privilegio reservado para unos cuantos, sino un derecho garantizado para todos. Es momento de que esta visión se convierta en parte del presente de México, no solo en una promesa lejana. Y en ese camino, el aseguramiento debe dejar de verse como un lujo o una opción secundaria: debe consolidarse como una herramienta esencial para la resiliencia, la protección del patrimonio y la reconstrucción de vidas. Porque prevenir es proteger, y asegurar es dar futuro.
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Nota del editor: Óscar Pineda Carrasco es Director Ejecutivo Técnico en MAPFRE México. Graduado en Actuaría por la Facultad de Ciencias, UNAM. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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