Adicionalmente, la crisis climática amenaza la salud pública . Existe un aumento de enfermedades respiratorias, muertes por olas de calor, inundaciones y por propagación de vectores tales como mosquitos. Solo en 2023, se registraron más de 110,000 casos confirmados de dengue en el país, casi el doble que en 2022.
En todos estos casos, los grupos más vulnerables son los más afectados aunque históricamente han contribuido menos a él y, por lo tanto, son los menos responsables. Un reporte de Oxfam refleja que el 10% de las personas más ricas son responsables del 50% de las emisiones globales de CO₂ entre 1990 y 2015, mientras que el 50% más pobre solo contribuyó con el 7% .
Siguiendo los principios de democracia deliberativa documentados por la OCDE, durante 2024, SUR Institute (sur.institute), el centro de investigación aplicada en el que colaboro, junto con otras cuatro ONGs latinoamericanas, organizamos un ciclo de asambleas climáticas en cuatro ciudades: Bujarú (Bra), Mar del Plata (Arg), Buenaventura (Col) y Monterrey (Mx).
En estos ejercicios, se seleccionan mediante sorteo aleatorio un grupo de personas comunes para que participen en la planeación de políticas climáticas, y se hace un esfuerzo especial por sobrerrepresentar a las voces sistemáticamente excluidas de la toma de decisiones públicas, que en este caso coinciden con ser las principales víctimas de la crisis climática.
En Monterrey, por ejemplo, de las poco más de 600 personas que se registraron para el sorteo, unas 450 provenían de polígonos urbanos donde la vulnerabilidad climática es mayor, y, por ende, constituyeron una mayoría en las 53 voces que deliberaron sobre el Programa Estatal de Cambio Climático de Nuevo León.
A pesar de la diversidad de contextos ecológicos, históricos, culturales y poblacionales en las cuatro ciudades, fue sorprendente cómo las conclusiones, recomendaciones y exigencias ciudadanas fueron tan similares. De acuerdo con las y los asambleístas, no hay futuro sostenible posible sin una transformación profunda en la forma en que generamos energía y estructuramos nuestras economías. Esta transformación requiere, sí o sí, que se modifiquen las maneras en las que nos relacionamos, producimos, construimos, nos movemos, comemos, vivimos, en general, las maneras en las que hacemos ciudad.
Fue así como en este ejercicio, las voces tanto de una agricultora en la frontera amazónica de Brasil como de un operador de transporte público en Monterrey, pusieron énfasis en que sus preocupaciones principales parten de necesidades muy visibles; para hablar de justicia climática es necesario hablar primero de vivienda, movilidad, seguridad y derechos laborales. Estos elementos inciden de manera directa en las condiciones de vulnerabilidad y ponen a estas personas de frente, cual escudos humanos, a solventar los costos de la carga desigual de los riesgos ambientales.
Es ante esta circunstancia que se vuelve necesario dejar de hablar por un momento de cambio climático para hablar de la necesidad de avanzar hacia una transición justa. Una transición justa implica avanzar hacia economías y sociedades sostenibles desde una perspectiva equitativa e inclusiva, garantizando que los impactos sociales y económicos del cambio climático y las políticas ambientales no recaigan desproporcionadamente en los grupos más vulnerables.
Este enfoque busca crear empleos dignos, fortalecer la protección social y ofrecer oportunidades de formación para quienes ven afectados sus medios de vida por la transición hacia una economía baja en carbono. Incluye dimensiones clave como la justicia distributiva (reparto equitativo de beneficios y cargas), la justicia procedimental (inclusión real en la toma de decisiones) y la justicia restaurativa (reparación de daños históricos).
No se trata solo de reconvertir laboralmente a trabajadores de los combustibles fósiles o la industria automotriz, sino también de corregir desigualdades estructurales, como la exposición desigual a la contaminación, y asegurar que los beneficios de la sostenibilidad —como transporte limpio o nuevas oportunidades laborales— sean accesibles para todas las personas.
Para hacer efectiva una transición justa, es fundamental implementar políticas integradas que vinculen la acción climática con el empleo, la capacitación y la protección social. La gobernanza multiescalar también es clave: se requiere empoderar a actores locales, promover la participación ciudadana y construir capacidades institucionales para adaptar las políticas a contextos específicos.
