Hace 80 años, la Carta de las Naciones Unidas nos dio un marco común para imaginar un mundo donde el progreso y la paz no fueran privilegios, sino derechos compartidos.
Desde entonces, las Naciones Unidas han sido el foro donde los países, las instituciones financieras y el sector privado buscan respuestas colectivas a los desafíos globales.
En 2015, 193 Estados Miembros adoptaron la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el esfuerzo más participativo y ambicioso para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y proteger el planeta. Una década después, el cambio es visible: millones de personas tienen acceso a electricidad, energía limpia e internet; más de la mitad de la población mundial recibe protección social; 110 millones de niñas y niños adicionales están en la escuela, y las niñas permanecen más tiempo en las aulas. Las energías renovables siguen creciendo y las mujeres ganan espacio en los gobiernos y las empresas.
Estos avances muestran que la inversión en inclusión y desarrollo da resultados reales. Pero también revelan el tamaño del desafío: solo el 35% de las metas de los ODS está en camino; casi la mitad avanza con lentitud y el 18% retrocede. Más de 800 millones de personas siguen viviendo en pobreza extrema, las deudas nacionales alcanzan niveles récord. Estamos ante una emergencia global de desarrollo. Cerrar la brecha de financiamiento, estimada en 4 billones de dólares anuales, será decisivo para lograr los ODS.
La Agenda 2030 ofrece una hoja de ruta clara, pero lograrla requiere inversión, innovación y una arquitectura financiera internacional más equitativa, capaz de movilizar recursos hacia soluciones sostenibles e inclusivas.
Hace más de dos décadas, México fue el epicentro de esta conversación. En 2002, la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Monterrey, marcó un punto de inflexión. El Consenso de Monterrey reconoció que el desarrollo no podía depender solo de la ayuda internacional, sino de una transformación integral del sistema financiero. De allí nació el “Espíritu de Monterrey”, una alianza global entre gobiernos, organismos internacionales, sociedad civil y sector privado para financiar el futuro.
Hoy, recuperar ese espíritu es más urgente que nunca. Las crisis actuales nos recuerdan que el crecimiento sin inclusión no es sostenible, y la inclusión sin financiamiento es imposible. Necesitamos una nueva arquitectura financiera internacional más justa, transparente y accesible para los países en desarrollo.
En este esfuerzo, el sector privado es protagonista. Más del 75% de la inversión global proviene de empresas, cuyas decisiones determinan gran parte del rumbo económico y ambiental del planeta. Cada empresa que adopta prácticas sostenibles —energías limpias, igualdad de género, cadenas de suministro responsables, inclusión laboral— contribuye directamente a los ODS.
La sostenibilidad no es filantropía. Es una estrategia empresarial inteligente. Las empresas que integran criterios ambientales, sociales y de gobernanza son más resilientes, atraen inversión y gozan de mayor confianza entre consumidores e inversionistas. En un entorno interconectado, la rentabilidad y la responsabilidad son inseparables.
México tiene las condiciones para liderar esta transición. Su base industrial, su diversidad natural y su talento humano lo convierten en un escenario ideal para la innovación sostenible. El nuevo Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2026–2031, firmado con el Gobierno de México, busca precisamente eso: alinear políticas públicas, inversión privada y conocimiento técnico en torno a cuatro ejes —gobernanza, igualdad, economía resiliente y medio ambiente—, con enfoque transversal en mujeres y niñas, juventudes, movilidad humana y pueblos indígenas.
La financiación para el desarrollo ya no puede limitarse a la cooperación tradicional. Se necesita una alianza real entre el sector público, el privado y las instituciones multilaterales para canalizar capital hacia proyectos sostenibles. Desde la ONU se promueven esquemas de financiación combinada, donde los fondos públicos se usan para atraer inversión privada en infraestructura verde, energía limpia e innovación tecnológica.
Esto no se trata solo de recursos, sino de visión. De repensar el valor no solo en términos de ganancias, sino de impacto. De entender que la sostenibilidad no es una moda, sino el nuevo estándar de competitividad global.
A 80 años de su fundación, las Naciones Unidas siguen siendo el espacio donde los países, las empresas y las personas pueden transformar la cooperación en acción. Hoy, ese liderazgo está también en manos del sector privado: en su capacidad para invertir en un futuro donde el crecimiento económico y el bienestar humano sean inseparables.
El desarrollo sostenible no es el destino: es el camino. Y financiarlo, en conjunto, es nuestra tarea más urgente.
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Nota del editor: Peter Grohmann es Coordinador Residente de las Naciones Unidas en México e integrante del Consejo Directivo del Pacto Global de las Naciones Unidas Red México. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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