Hay diversas razones por las que hace sentido implementar políticas públicas para acelerar la movilidad eléctrica, independientemente de los rápidos avances tecnológicos que la han convertido en una opción con una creciente participación de mercado. En diversos países se ha incentivado porque puede servir para mejorar la calidad del aire en las ciudades, a la vez que se logran reducciones significativas en las emisiones de gases de efecto invernadero y se cumple con las metas climáticas. En otros, para fortalecer su industria, generando empleos y nuevas cadenas de valor.
Por qué impulsar, y pronto, la electromovilidad en México
Aún estamos a tiempo de subirnos a la ola global de la electrificación de los usos finales de la energía, y en especial del transporte.
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En el caso de México, puede además ayudar a lograr los objetivos de soberanía energética y sostenibilidad establecidos por el gobierno, ayudando a reducir la demanda de combustibles, al tiempo que se avanza en el logro de nuestras aspiraciones de prosperidad, creando empleos e incluso oportunidades de negocio, innovación y desarrollo regional.
Nuestro contexto nacional es propicio para acelerar esta transformación, empezando por el hecho de que México es uno de los mayores jugadores en el sector automotriz a escala mundial. De acuerdo con los últimos datos, en 2024 logró su máximo histórico, con cerca de 4 millones de vehículos ligeros producidos. Esto implicó un crecimiento de cerca de 5.6% respecto al año anterior, lo que lo colocó como el quinto productor en el mundo. Además, es un exportador muy importante a los mercados internacionales. En 2024, del total de su producción, exportó cerca de 3.5 millones de vehículos ligeros, es decir más del 85%. Además, es el mayor productor mundial de tractocamiones, y ocupa el cuarto lugar en la producción de autopartes.
Así, incluso con un contexto comercial y geopolítico complicado, la industria automotriz mexicana no deja de crecer, en buena medida gracias a ser parte integral de los mercados globales, y en especial del mercado norteamericano. Sin embargo, va relativamente tarde en la producción de autos eléctricos, y todavía más en la penetración de este tipo de tecnologías en su propia flota vehicular. Si bien la producción y exportación de vehículos eléctricos ha ido en aumento, sobre todo en el segmento de vehículos ligeros, ésta es todavía marginal, con apenas cerca de 2% del total. En nuestro propio mercado doméstico, los vehículos 100% eléctricos representan sólo cerca del 1.4% de las ventas, dominadas además por autos importados, especialmente de China.
Es verdad que aún tenemos algunos retos y barreras para lograr una mayor penetración de la electromovilidad en nuestro país, pero también persisten prejuicios o campañas en contra que han generado mitos y resistencias al cambio. Uno de los más comunes se refiere a los costos. Si bien es cierto que los vehículos eléctricos suelen ser más caros que sus equivalentes de combustión interna, al considerar tanto el costo de capital como el de operación, la realidad es distinta. Los ahorros en mantenimiento, que rondan el 30% en promedio, y en energía, de alrededor del 50% durante su vida útil, compensan ampliamente la diferencia en la inversión inicial. Además, los costos totales de propiedad (TCO) de los vehículos eléctricos, en todos sus segmentos (ligeros, pesados, y de 3 y 3 ruedas), han mostrado una tendencia sostenida a la baja conforme se avanza en la curva tecnológica.
Por otra parte, atendiendo las reservas de algunos consumidores atribuibles a la ansiedad de rango y a la percepción de que es insuficiente la red de cargadores, es importante recordar que la tecnología ha avanzado tan rápidamente, que se van superando constantemente los rangos alcanzables con una carga. Al mismo tiempo, el despliegue de infraestructura de recarga está creciendo aceleradamente gracias a cuantiosas inversiones públicas y privadas, lo que contribuye a resolver este desafío.
Finalmente, también se cuestiona con frecuencia la sostenibilidad real de los vehículos eléctricos frente a los de combustión interna, especialmente en países donde la electricidad proviene en buena parte de fuentes fósiles, como ocurre en México, o por el posible impacto ambiental de la disposición final de las baterías usadas. En relación con el primer punto, varios estudios han demostrado que, considerando la totalidad de su vida útil, los vehículos eléctricos son más sostenibles que los de combustión interna y que, incluso con una matriz de generación eléctrica sucia, sus emisiones totales son menores. Esto se debe en gran parte a la mayor eficiencia de los motores eléctricos y al hecho de que, por lo general, los vehículos eléctricos incorporan además sistemas regenerativos, con lo que consiguen que entre el 87% y el 91% de la energía que reciben se convierta en movimiento, frente al escaso 16% a25% que aprovechan los motores convencionales.
En cuanto a las baterías, la mayoría de sus componentes son reciclables, y su impacto ambiental depende, sobre todo, de la existencia de políticas e incentivos que garanticen su adecuada gestión y reciclaje. Así, su posible impacto no es inherente a la tecnología en sí, sino una consecuencia de la falta de marcos regulatorios y de economía circular adecuados. Finalmente, aunque la fabricación de baterías requiere una cantidad significativa de energía y minerales, distintos estudios confirman que la reducción total de emisiones lograda por los vehículos eléctricos supera con creces el costo ambiental de su producción.
Pese a las campañas y el cabildeo en contra, México ha dejado claro su compromiso con la electrificación del transporte. La adhesión al Pacto de Glasgow, en el que establece como meta que 100% de los vehículos nuevos, tanto ligeros como pesados, sean eléctricos para 2050, es una muestra contundente de ello. Además, nuestro país está innovando en este sector, al promover el desarrollo de un auto eléctrico, el Olinia, y de los autobuses Taruk.
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No hay duda de que el arranque ha sido lento, pero aún estamos a tiempo de subirnos a la ola global de la electrificación de los usos finales de la energía, y en especial del transporte, tal como se comprometió la presidenta de México Claudia Sheinbaum. Hacerlo pronto, no solo alineará al país con las tendencias internacionales, sino que traerá a grandes beneficios ambientales, económicos y sociales.
Esperamos que la nueva meta climática que presentará el gobierno de México en la COP30, en las próximas semanas, aunada a la nueva Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME), y a las normas vehiculares en proceso de revisión, manden señales claras y constituyan pasos contundentes hacia un futuro con transporte limpio, eficiente, seguro, competitivo y asequible para todos.
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Nota del editor: Andrés Flores Montalvo es director de Política energética en Iniciativa Climática de México (ICM), think tank especializado en impulsar políticas públicas para acelerar la acción climática en el país. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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