En 2015, en el marco de la consolidación del Acuerdo de París para combatir el cambio climático, México fue el primer país en desarrollo en presentar sus Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC). Desde entonces, nuestro país ha propuesto objetivos climáticos más ambiciosos. Por ejemplo, en la actualización de su NDC presentada en 2025, México se comprometió a abatir alrededor de 140 millones de toneladas de CO₂e para el 2030 y definió metas absolutas de mitigación para 2035, alineadas con el objetivo de cero emisiones netas para mediados de siglo.
Contribuciones Determinadas a nivel Nacional. Retos y opciones para las plataformas país
México cuenta con metas climáticas ambiciosas y con un conjunto de instrumentos de financiamiento sostenible orientados a apoyarlas.
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Estos compromisos plantean un reto central en materia de financiamiento: ¿cómo movilizar los recursos necesarios para cumplirlos en el corto y mediano plazo ? La Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible reconoce que para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible —incluidas las metas climáticas— se requiere movilizar recursos a una escala significativa. El documento también señala que entre 2023 y 2030, la brecha de financiamiento asociada a estos objetivos se estima en 13.6 billones de pesos, lo que implica una movilización anual aproximada de 1.7 billones de pesos.
En efecto, la movilización de financiamiento sostenible es fundamental para cumplir con nuestros objetivos climáticos, y, por ello, desde 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha impulsado el desarrollo de instrumentos para canalizar recursos hacia objetivos ambientales y sociales. Ese año, el gobierno federal emitió el primer bono soberano vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, desde entonces, ha recurrido a los mercados de deuda nacionales e internacionales para captar financiamiento etiquetado. De forma paralela, el Presupuesto de Egresos de la Federación comenzó a vincularse progresivamente a los ODS. Cabe resaltar que para 2025 el 84.5 % del presupuesto reportó alineación con al menos uno de los ODS.
En 2023, la SHCP avanzó en la consolidación de esfuerzos a través de la creación de Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible , cuyo objetivo es fomentar la movilización y reorientación de flujos públicos y privados hacia actividades con impacto ambiental y social. La estrategia se estructura en tres pilares: 1) gestión financiera pública sostenible, orientada a integrar la sostenibilidad en la gestión de las finanzas públicas; 2) movilización de financiamiento sostenible, enfocada en redirigir flujos financieros en los mercados de deuda y capital; y 3) acciones transversales, destinadas a garantizar una implementación inclusiva y equitativa.
Un elemento central de esta arquitectura es la Taxonomía Sostenible de México (TSM), que establece criterios técnicos para clasificar actividades económicas sostenibles con base en seis objetivos ambientales y cinco sociales, entre ellos, destacan: la mitigación y adaptación al cambio climático, biodiversidad, igualdad de género y acceso a servicios básicos. De acuerdo con los resultados del programa piloto de la TSM, su implementación ha permitido identificar retos metodológicos, necesidades de fortalecimiento de capacidades institucionales y áreas de mejora en la disponibilidad y calidad de la información, lo que refleja que su aplicación se encuentra aún en proceso de consolidación.
En 2025, Hacienda implementó el Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible , ampliando los tipos de instrumentos elegibles y reforzando la vinculación entre la deuda sostenible y el gasto público mediante los Gastos Sostenibles Elegibles. El marco incorpora mecanismos de seguimiento, reporte anual y gobernanza, en coordinación con la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y el Consejo Nacional de la Agenda 2030.
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Las plataformas país, un mecanismo viable de financiamiento
Sin embargo, y aunque hay avances sustanciales, estos instrumentos no resuelven, por sí mismos, los cuellos de botella y la incertidumbre política de inversión para cumplir las metas climáticas. En sectores clave para la NDC, como lo es el eléctrico, persisten retrasos en infraestructura de transmisión, barreras regulatorias y señales mixtas hacia la inversión privada. El propio gobierno ha señalado la necesidad de atraer entre 6 y 9 mil millones de dólares anuales en inversión privada para alcanzar la meta de que 45 % de la electricidad provenga de fuentes limpias en 2030, una cifra que, para el criterio de algunos, aún no se refleja en los flujos observados.
En este contexto, el desarrollo de una Plataforma de País (CP por sus siglas en inglés) ha sido planteado como un mecanismo para articular y coordinar los distintos esfuerzos de financiamiento climático. Varios países ya han puesto en marcha, o están en proceso de desarrollar estos mecanismos, y el G20 ha incorporado las CP en su agenda de discusión. De acuerdo con un reporte recientemente publicado por la Iniciativa Climática de Mexico , una CP podría alinear recursos públicos, privados e internacionales de acuerdo a nuestras prioridades climáticas, mediante la coordinación entre dependencias públicas, banca de desarrollo, organismos financieros internacionales, inversionistas y otros actores relevantes, con el fin de impulsar proyectos concretos vinculados a la sostenibilidad.
Una CP, por lo tanto, permitiría escalar el uso de financiamiento concesional, garantías y esquemas de financiamiento combinado, además de mejorar la preparación de proyectos y reducir riesgos para el capital privado. También, desde un punto de vista más práctico, facilitaría la operación entre los instrumentos desarrollados por Hacienda y las necesidades reales de implementación en los territorios. Igualmente importante, gran parte de los actores fundamentales en la toma de decisión ambientales estarían representados, por lo cual, se hablaría de una transición verdaderamente incluyente (p.ej., Comité Directivo, Unidad de Gestión, Secretaría Técnica, Grupos de Trabajo y Socios de Apoyo).
Ahondado a lo anterior, existen recursos a fondo perdido del Fondo Verde del Clima que podrían apoyar la creación de un secretariado técnico para esta plataforma. México ha recibido alrededor de 7.9 millones de dólares en fondos de preparación ; aunque una parte ya ha sido comprometida, podrían existir apoyos adicionales limitados. Estos recursos podrían fortalecer la coordinación y dar continuidad operativa a la plataforma.
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En resumen, México cuenta con metas climáticas ambiciosas y con un conjunto de instrumentos de financiamiento sostenible orientados a apoyarlas. El reto se encuentra en articular estos instrumentos con mecanismos de coordinación que permitan traducirlos en proyectos concretos alineados con la NDC, así como en asegurar un entorno de política pública que genere condiciones habilitantes para la inversión. La adopción e implementación de instrumentos como las CP podrían facilitar estos procesos.
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Nota del editor: Dylan Furszyfer es gerente de política energética en Iniciativa Climática de México (ICM), think tank especializado en impulsar políticas públicas para acelerar la acción climática en el país. Las opinions publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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