El costo de la transición: paradigmas y desafíos de la restauración ecológica

Sin embargo, persiste una brecha crítica: todavía no se cuenta con actualizaciones de seguimiento que acrediten la implementación efectiva de estos compromisos. Aun cuando distintas fuentes mencionan que la restauración tiene un enorme potencial no solo para la acción climática, sino también para avanzar en las metas de desarrollo —generando importantes cobeneficios económicos y sociales—, la restauración sigue ocupando un lugar secundario y suele reducirse a esquemas convencionales de reforestación.

Una de las posibles razones es el costo de la restauración: aunque puede aportar múltiples beneficios en distintas agendas públicas, su costo de implementación es considerablemente más alto que otras medidas en el sector forestal o agropecuario. A diferencia de la reforestación, un proyecto de restauración puede alcanzar importes aproximados de 1,500 dólares por hectárea, sin considerar los gastos de mantenimiento. Además, estos costes varían según el ecosistema, las prácticas y la accesibilidad al sitio.

En el 2016, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad identificó sitios prioritarios para la restauración ecológica. Si consideramos únicamente la superficie que aún presenta potencial de restauración —es decir, aquella que hasta 2018, con base en la información disponible de uso de suelo y vegetación, no se transformó en asentamientos humanos o humedales ni se recuperó de manera natural— se estima una extensión prioritaria de 27.5 millones de hectáreas. Al considerar el costo aproximado de implementación por hectárea, se requeriría una inversión inicial cercana a 42,000 millones de dólares. Este monto equivale a casi veinte veces los recursos asignados a programas como Sembrando Vida.

Estos costos pueden pasar a segundo plano si se considera que restaurar implica recuperar la funcionalidad ecológica de los territorios, garantizando la provisión de agua, alimentos y el secuestro de carbono. Sin embargo, para que esta medida sea verdaderamente escalable y sostenible, es necesario trascender de la visión romántica y reconocer la complejidad técnica, económica y social que conlleva. Restaurar no es sólo intervenir una superficie; es transformar la relación de la sociedad con el paisaje, lo cual puede redefinir su modelo social y económico.

Para lograrlo, más allá del costo operativo, «palas y jornales», debemos considerar el costo de transición. Migrar de un modelo productivo basado en actividades agropecuarias intensivas hacia uno con vocación forestal implica un costo de oportunidad para las familias campesinas. En otras palabras, supone una transformación profunda de sus medios de vida. Para un productor convertir una parcela de cultivo anual en un sistema forestal o agroforestal puede significar una reducción inmediata en la producción de alimentos básicos que sostienen su seguridad alimentaria.

En el marco de la actualización de la NDC 3.0, en Iniciativa Climática de México realizamos un ejercicio prospectivo para estimar la posible reducción en la producción de cuatro cultivos si, hacia 2060, se implementara la ambiciosa meta de restaurar 27.5 millones de hectáreas. Los resultados muestran reducciones potenciales del 43% en frijol, 38% en maíz grano, 30% en sorgo grano y 24% en trigo grano. Estos hallazgos, sumados a lo documentado en la literatura, evidencian un riesgo latente: al priorizar la expansión de la cobertura forestal, podría debilitarse la capacidad de las comunidades para producir su propio sustento e inclusive comprometer la seguridad alimentaria nacional.

Las comunidades afectadas podrían verse obligadas a comprar lo que antes producían, lo que a su vez se traduce en un aumento de las importaciones. ¿Por qué ocurre esto? Porque la restauración compite directamente por el uso del suelo. Por ello, una política de restauración no puede basarse únicamente en metas de superficie; debe diseñarse e implementarse integrando, al menos, estos ocho elementos:

1. Diversificar los modelos de restauración, como el enriquecimiento forestal, la regeneración natural y la restauración productiva.

2. Mejorar la productividad de los sistemas agroalimentarios existentes para liberar tierras, sin comprometer la oferta de alimentos.

3. Garantizar mercados para los nuevos productos maderables y no maderables.

4. Asegurar precios justos para las personas propietarias de las nuevas tierras forestales.

5. Integrar componentes forestales en los medios de vida actuales, como los sistemas agroforestales.

6. Implementar mecanismos de compensación que brinden seguridad financiera durante la transición.

7. Reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, estimados en 30 % de la producción agropecuaria total.

8. Promover canastas regionales que valoren la agrobiodiversidad propia de cada región.

La correcta implementación de estos elementos exige considerar no solo la ecología, sino también respetar la multiculturalidad y las necesidades de las poblaciones locales. Así, la restauración puede convertirse en una acción climática tangible y medible, pero, sobre todo, en una acción humana. Al colocar en el mismo nivel la dignidad de las personas y la salud de los ecosistemas lograremos que la restauración sea el motor de una acción climática justa.

____

Nota del editor: José R. Morales, gerente de cambio climático y biodiversidad de Iniciativa Climática de México (ICM), think tank especializado en impulsar políticas públicas para acelerar la acción climática en el país. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión