El sector inmobiliario suele presentarse como motor de desarrollo. Y lo es. Pero también es —cada vez más evidente— un indicador de cómo destruimos para poder construir.
No es una postura ideológica. Es un patrón.
¿Qué tipo de ciudades estamos construyendo y para quién?
El crecimiento urbano en México ha estado históricamente vinculado a decisiones que priorizan la expansión sobre la conservación.
Publicidad
Hace apenas unas semanas, los incendios en el Cerro de Zapotecas, en San Pedro Cholula, Puebla, encendieron algo más que el fuego. Vecinos y activistas documentaron y denunciaron públicamente —como quedó registrado en cobertura de medios locales y reportes vecinales— lo que en muchas regiones del país se ha vuelto una sospecha recurrente: incendios en zonas de alto valor que, poco después, terminan fragmentadas o transformadas. No es la primera vez. Y difícilmente será la última.
En el debate público reciente, a estas dinámicas se les ha empezado a denominar “cárteles inmobiliarios”: no como una figura jurídica formal, sino como una forma de describir esquemas donde el crecimiento urbano ocurre bajo incentivos opacos o desalineados del interés ambiental, territorial y social.
El patrón es más amplio que un solo caso.
En México está documentado —por organizaciones ambientales y cobertura periodística— que bosques han sido desmontados o incendiados para habilitar cambios de uso de suelo, particularmente en la expansión de monocultivos. El caso del aguacate en Michoacán es uno de los más visibles. La lógica es conocida: primero se pierde la cobertura forestal; después, el territorio se reconfigura y los permisos comienzan a aparecer.
Puebla tampoco ha sido ajena a estos procesos. Particularmente, en el gobierno de Melquiades Morales y Mario Marín, distintas investigaciones periodísticas y denuncias ciudadanas señalaron dinámicas de expansión urbana y cambios de uso de suelo en zonas forestales con potencial inmobiliario. Más allá de interpretaciones políticas, lo relevante es el antecedente: el crecimiento urbano en México ha estado históricamente vinculado a decisiones que priorizan la expansión sobre la conservación.
Y aquí es donde la discusión se queda corta.
Reducir el problema a si un proyecto cuenta o no con permisos es quedarse en la superficie. La pregunta de fondo es otra: ¿qué tipo de desarrollo estamos permitiendo y qué estamos dispuestos a perder para sostenerlo?
Publicidad
Porque conforme la mancha urbana crece —y crecerá—, lo que está en juego no es solo el territorio que se ocupa, sino el que se transforma: ecosistemas fragmentados, suelos impermeabilizados, zonas de recarga comprometidas, comunidades desplazadas, etc.
El caso de Santa Fe e Interlomas es ilustrativo en más de un sentido. Ambos polos de desarrollo se han expandido sobre zonas ambientalmente sensibles, cercanas a áreas de recarga y a sistemas naturales como los del Desierto de los Leones. En paralelo, reportes vecinales y datos públicos han documentado tensiones crecientes en el acceso a servicios y recursos. No es necesario establecer una relación causal directa para entender que existe una desalineación estructural entre el modelo de crecimiento urbano y las capacidades del territorio.
La forma en la que construimos define mucho más que el paisaje: define relaciones de poder, acceso a recursos y condiciones de vida.
Y sin embargo, lo que más debe de inquietarnos no es solo que esto ocurra, sino que ocurra con tan poca fricción.
¿Qué nos está haciendo aceptar que esto pasa y que nadie diga nada?
Hace poco, vecinos del sur de la Ciudad de México, en la zona de Las Flores, lograron organizarse para suspender la construcción de un megaproyecto inmobiliario que —según argumentaron en procesos legales y denuncias públicas— comprometía su entorno y su vida cotidiana. El proyecto se detuvo.
La pregunta incómoda es por qué ahí sí, y en otros lugares no.
Publicidad
Es legítimo preguntarse si el nivel socioeconómico influye en la capacidad de organización, incidencia o acceso a mecanismos legales. Y si ese es el caso, entonces el problema deja de ser únicamente urbano o ambiental y se vuelve profundamente político: ¿quién puede defender su territorio y quién no?
Porque a las poblaciones más vulnerables no debería corresponderles esa carga. Esa es, en esencia, una función del Estado.
La manera en la que se construye no es neutral. Es una expresión directa de las prioridades que ordenan el territorio. Y en México, esas prioridades han permitido que el desarrollo inmobiliario avance incluso cuando implica degradar ecosistemas, tensionar el equilibrio territorial y trasladar costos hacia comunidades con menor capacidad de respuesta.
No se trata de frenar el desarrollo. Se trata de definir bajo qué condiciones va a ocurrir.
Porque la discusión que sigue no es si las ciudades crecerán, sino qué tipo de ciudades estamos construyendo y para quién. Si no se corrigen los incentivos —desde la regulación, la planeación urbana y la gestión del territorio—, lo que hoy vemos como casos aislados terminará por consolidarse como regla.
Y esa regla no va a ser neutral.
_____
Nota del editor: Aranzazu Zacarías Guevara es Estratega en comunicación y sostenibilidad. Egresada de Sciences Po Paris, asesora a empresas y organizaciones en legitimidad institucional, asuntos públicos y agendas ESG. Es co-fundadora de la organización Sostenibilidad Activa y co-host del podcast SpeakESG. @aranzazuzg Síguela en Instagram como @aranzazuzg Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión
