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1 de cada 3 de las principales empresas públicas en México pide alivios ante las nuevas normas de sostenibilidad

Cerca de una de cada tres emisoras del S&P/BMV IPC pidió apoyos para cumplir, debido a la dificultad de integrar datos de sostenibilidad y cambio climático en sus reportes financieros.
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Las nuevas reglas exigen demostrar cómo los riesgos y oportunidades relacionados con sostenibilidad pueden afectar el negocio. (FOTO: Jesús Almazán)

La entrada en vigor de las normas IFRS S1 e IFRS S2 para estandarizar la divulgación de información sobre sostenibilidad y cambio climático de las empresas en México marcó la transición de los reportes voluntarios de sostenibilidad hacia el cumplimiento regulatorio. No obstante, 2026, primer año de aplicación de estas disposiciones, pone de manifiesto que no todas las empresas cuentan con las capacidades, procesos y estructuras necesarias para atender las nuevas exigencias.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) modificó la Circular Única de Emisoras en enero de 2025 para hacer obligatoria la presentación de información de sostenibilidad basada en IFRS S1 e IFRS S2. Los primeros reportes corresponden al ejercicio 2025 y deben presentarse este año.

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En las últimas semanas, diversas compañías listadas en las bolsas de valores del país han recurrido a los mecanismos de alivio previstos por la regulación. De las 29 empresas, sin contar grupos financieros, que conforman el principal índice bursátil del país, el S&P/BMV IPC, una tercera parte declararon explícitamente el uso de los alivios transitorios, ya sea de manera general o específica. Entre ellas se encuentran FEMSA, Liverpool, Vesta, Asur, Televisa, Peñoles, Kimberly Clark, Megacable y Walmart.

Esos alivios regulatorios son mecanismos que permiten a las emisoras contar con más tiempo o aplicar ciertas excepciones en la primera etapa de implementación. Su uso responde principalmente a la complejidad técnica de integrar información de sostenibilidad con datos financieros bajo un mismo marco, así como a la falta de sistemas internos suficientemente desarrollados para recopilar, validar y consolidar información climática con el nivel de detalle requerido.

Lejos de implicar un incumplimiento o una señal negativa, estos alivios forman parte del diseño gradual de la propia regulación y buscan facilitar una transición ordenada hacia estándares más estrictos.

Elaborar un informe de sostenibilidad ya no consiste únicamente en reportar consumo de agua, emisiones o programas sociales. Las nuevas reglas exigen demostrar cómo los riesgos y oportunidades relacionados con sostenibilidad pueden afectar los flujos de efectivo, el acceso al financiamiento o el costo del capital.

La Fundación IFRS define que los estándares buscan proporcionar información “consistente, comparable y útil para la toma de decisiones de los inversionistas”, explica PwC en un estudio.

Pero no todas las empresas se sienten listas. Para Fernanda Cruz, asociada senior, Huella y Etiquetado, y Fernanda García, senior associate, Climate Risk and Disclosure, ambas de Carbon Trust, la confusión entre las empresas persiste sobre lo que se requiere, dónde empezar o cómo acceder y estructurar la información relacionada con el clima.

“Esto representa obstáculos reales para los equipos internos, especialmente para quienes el reporte de sostenibilidad es un territorio completamente nuevo. Con plazos que se acercan rápidamente, muchos equipos experimentan una mezcla de incertidumbre y urgencia", señalan las especialistas en un reporte.

Para apoyar a las emisoras, en marzo, la CNBV presentó herramientas para facilitar la elaboración de los informes y señaló que la iniciativa busca “acompañar a las entidades reguladas en la integración de estrategias ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), así como en la revelación de información conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera sobre Sostenibilidad”.

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De acuerdo con Climatta, una startup especializada en contabilidad de carbono y automatización de datos ESG, solo 50% de las compañías mide sus emisiones de alcance 1 y 2, mientras que apenas una cuarta parte cuenta con información sobre emisiones de alcance 3 asociadas con la cadena de valor.

Las emisiones de alcance 3 representan generalmente la mayor parte de la huella de carbono corporativa, pero requieren recopilar información de proveedores, transporte, uso de productos y otras variables que muchas empresas todavía no monitorean.

Por ahora, las empresas que recurrieron a los mecanismos de alivio deberán acelerar la preparación de sus procesos internos. Las facilidades transitorias sólo aplican para el primer ciclo de implementación y, en los próximos años, las emisoras ya no contarán con extensiones de tiempo para presentar sus reportes. Además, enfrentarán una nueva exigencia: la información divulgada deberá someterse a procesos de aseguramiento independiente.

La regulación prevé una implementación gradual. A partir de 2027, los informes de sostenibilidad deberán contar con un aseguramiento limitado realizado por un tercero independiente, con el objetivo de verificar la consistencia y confiabilidad de la información reportada.

Posteriormente, el nivel de revisión evolucionará hacia un aseguramiento razonable, similar al que se aplica a los estados financieros. Esto implicará que las compañías no sólo deberán recopilar datos ambientales, sociales y climáticos, sino también fortalecer sus sistemas de control interno, trazabilidad y gobernanza para respaldar la calidad de la información.

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