El 90% de las empresas en México quiere compras de impacto, pero una tercera parte no tiene procesos

José Ibañez, coordinador de la Alianza por las Compras con Impacto en México explicó en la presentación, que uno de los principales retos es encontrar proveedores que, además de generar un impacto social o ambiental, puedan responder a las exigencias de las grandes empresas en materia de escala, calidad y precio. A ello se suman procesos internos que pueden convertirse en una barrera para las mipymes.

Otro de los resultados sobresalientes fue que el 48% de las empresas participantes identifica como obstáculos los procesos rígidos para dar de alta proveedores, la excesiva documentación y los plazos de pago de 30, 60 o hasta 90 días. Otro 43% señala dificultades para identificar una oferta visible de proveedores de impacto y persiste la percepción de que este tipo de soluciones implica mayores costos.

“Lo que más me llamó la atención es la avidez o las ganas de los corporativos de tratar de resolver estos problemas. Muchos corporativos se han dado cuenta de que dentro de sus cadenas de valor ya tienen muchas empresas de impacto, que son estas empresas que resuelven también problemas sociales y ambientales”, dijo Pedro Martínez, presidente de ANDE Latinoamérica.

Por ahora, el componente ambiental tiene una mayor presencia en las estrategias de compra que la inclusión de grupos específicos. El 71% de las empresas consultadas trabaja en temas relacionados con circularidad y gestión de residuos; el 57% busca apoyar a mipymes locales y el 48% incorpora objetivos de descarbonización.

En cambio, el 43% compra a negocios de impacto social, el 33% incluye criterios relacionados con empresas lideradas o integradas por mujeres, el 19% considera a población indígena y afrodescendiente y solo el 9% contempla a la población LGBT+.

Esta diferencia, señala el estudio, responde en parte a que los temas ambientales cuentan con un ecosistema más desarrollado de certificaciones, métricas y proveedores, mientras que la medición y definición del impacto social todavía enfrenta mayores dificultades.

En el reporte, las empresas mexicanas impulsan su agenda de compras sostenibles porque el 62% menciona que se alinean a sus objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y el 52% considera que se impulsa la innovación, mientras que otra parte del 52% que respondieron la encuesta dice que los hace para cumplir políticas o regulaciones locales y solo el 29% considera la reducción de costos.

El problema es que todavía existen dificultades para demostrar el resultado de estas estrategias. La mitad de las corporaciones no incorpora datos de impacto en sus sistemas y el 35% no mide los resultados de sus compras, lo que limita la construcción de un caso de negocio y dificulta que estas iniciativas pasen de proyectos aislados a una política permanente.

A estas limitaciones se suman la falta de regulación específica y las dificultades de financiamiento para capital de trabajo que enfrentan muchas mipymes. Esto restringe la capacidad de los proveedores para cumplir con las exigencias de las grandes compañías y, en algunos casos, deja el avance de la agenda dependiente de las áreas o líderes de sostenibilidad.

La alianza identifica tres modalidades de compras con impacto. Las compras de costo directo incorporan a estos proveedores en productos o materias primas; las indirectas incluyen insumos operativos o regalos corporativos, mientras que los gastos de servicios abarcan actividades como logística y soporte. De acuerdo con el reporte, las compras indirectas pueden funcionar como un punto de entrada para las empresas debido a que representan un menor riesgo operativo.

Para ampliar la participación de proveedores, la alianza también busca fortalecer sus capacidades mediante la certificación People Planet First, que evalúa determinados criterios de impacto en las mipymes. En una primera etapa, los programas trabajan con empresas que ya forman parte de las cadenas de valor corporativas para identificar sus avances y necesidades. Posteriormente, la estrategia contempla ampliar la búsqueda hacia nuevos proveedores.

El potencial es amplio. Los Censos Económicos 2024 del INEGI contabilizaron 7.1 millones de establecimientos en México, que en conjunto empleaban a más de 36.5 millones de personas. Para la alianza, una parte de ese universo podría integrarse a cadenas de suministro que comiencen a considerar no solo el precio y la calidad, sino también el impacto que generan sus proveedores.

“Históricamente, los programas de desarrollo de proveedores se enfocan en que las mipymes aplicaran y cumplieran requisitos de manera aislada. Ahora, por primera vez, el proceso es inverso: los corporativos lideran definiendo de forma clara qué es lo que realmente necesitan de sus cadenas de valor”, agregó Martínez.

El siguiente paso será sumar a más empresas y explorar la participación de los gobiernos locales, estatales y federal. Una de las posibilidades es incorporar criterios de impacto en las compras públicas para facilitar la participación de mipymes que atiendan retos sociales y ambientales.

Martínez menciona a Brasil como una referencia por contar con una iniciativa de alcance federal que involucra tanto al gobierno como al sector privado y establece metas para impulsar las compras con impacto. En México, el reto será convertir el interés de las empresas en procesos, métricas e incentivos que permitan que una parte del gasto corporativo se convierta también en una herramienta de desarrollo social y ambiental.