La ausencia de un pabellón no es un tema menor, ya que estos espacios permiten a los países presentar avances, proyectos, desafíos y oportunidades en materia climática, además de visibilizar su agenda ambiental ante otros gobiernos, organismos multilaterales, empresas y la sociedad civil.
“Tienes 15 días para comunicar por qué pueden invertir en México, qué avances hay, qué visión de país se tiene. Eso genera valor económico, pero también fortalece nuestra marca país”, explica Dehesa.
Detrás del regreso del pabellón mexicano se encuentran entidades como Coparmex, el Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza, ONU Hábitat, la Cámara Internacional de Comercio y la red juvenil Reacciona. Además, se mantiene un diálogo abierto con la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), la Cancillería y la Secretaría de Economía.
“El gobierno no nos ha dicho que no, seguimos en negociaciones. La idea es ir como marca país, pero si no logramos ese respaldo, iremos de todos modos con los estados y los actores que sí estén listos para participar”, afirma Dehesa.
Por lo pronto, a nivel gobierno, entre los estados que han mostrado interés se encuentran Quintana Roo, Yucatán, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, y se está trabajando con ellos, y con otros estados, para formalizar su participación.
Organizar un pabellón cuesta. Requiere financiamiento, gestión política, coordinación interinstitucional y voluntad de todos los sectores. El diseño de este pabellón contempla un esquema de financiamiento mixto: inversión privada más aportaciones de gobiernos subnacionales.
Los organizadores trabajan contra reloj, ya que la cumbre inicia el 10 de noviembre y aún se ajustan temas logísticos, de contenido y de financiamiento. Dehesa explica que no se busca “un pabellón turístico” ni una fachada de greenwashing, sino un espacio serio de análisis y propuestas.
“No se trata de ir a tomarnos la foto, queremos mostrar avances reales, pero también los retos. Queremos ir a proponer soluciones, no solo a criticar”, asegura Dehesa.
