México enfrenta una transformación ineludible en su modelo de movilidad. La necesidad de un sistema más sustentable, equitativo y gobernable no solo responde a un mandato constitucional, sino a la urgencia de mejorar la calidad de vida de la población y reducir los impactos ambientales adversos. La movilidad ya no puede ser entendida únicamente como un servicio de infraestructura; debe concebirse como un eje transversal de desarrollo urbano que impulse la cohesión social, la equidad territorial y la eficiencia ambiental.
De los desafíos a las oportunidades. Transformar la movilidad con criterios ESG

A partir del derecho constitucional de las y los mexicanos a la movilidad, es posible vincular desde una visión holística a la movilidad con cuestiones urbanas, territoriales y sociales. Sin embargo, este reto sigue rebasado por cuestiones primordiales para su implementación, la gobernanza y el financiamiento.
La adopción de una metodología y estándares multicriterio como los Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), representa una oportunidad clave para potenciar los impactos de los proyectos de movilidad hacia el objetivo de garantizar ciudades más saludables, inclusivas y resilientes, a la par que permite diversificar fuentes de financiamiento y mejorar las finanzas públicas.
Ambiental. Movilidad y medio ambiente
El posicionamiento de la salud urbana como un tema prioritario de la agenda, múltiples actores y proyectos reconocen que el entorno urbano impacta directamente la salud de la población a través de factores como la calidad del aire, la disponibilidad de espacios verdes, el acceso a servicios básicos, la seguridad vial y la movilidad sustentable.
En las ciudades mexicanas, los desafíos actuales y los previstos por el cambio climático y los altos niveles de contaminación siguen empeorando, afectando cada vez más a la población y al medio ambiente. Esta situación demanda una respuesta urgente desde diversos frentes, partiendo de hechos como la responsabilidad del sector transporte en una contribución significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país.
Para reducir el impacto ambiental del transporte y la movilidad, el análisis ESG permite definir al menos tres principales ejes de acción. Primero, la transición e inclusión de energías limpias y bajas en emisiones, como la modernización de flotas eléctricas. Segundo, el desarrollo y mantenimiento de infraestructura para movilidad activa, impulsando ciclovías y calles peatonales, además de priorizar la intermodalidad accesible. Finalmente, una planeación urbana alineada con la movilidad sustentable, vinculando el uso de suelo con los sistemas de transporte, fomentando un desarrollo urbano orientado al transporte (DOT) y asegurando vivienda asequible en zonas bien conectadas, desincentivado la dependencia del vehículo privado.
Social. Inclusión y equidad en la movilidad
Desde el reconocimiento del derecho constitucional a la movilidad en 2020, México ha avanzado en la construcción de un sistema de transporte que garantice seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión y equidad. Las ciudades mexicanas aún presentan barreras significativas para diseñar sistemas de movilidad que consideren factores sociodemográficos como edad, género y situación económica, ya que estos influyen en la dinámica urbana y en la equidad del acceso al transporte.
La movilidad del cuidado debe ser integrada con infraestructura y opciones adecuadas para quienes realizan y dependen de estas labores, principalmente las mujeres cuidadoras de infancias, personas adultas mayores y/o personas con discapacidad. Estas cuestiones, deben replantear de manera urgente el diseño urbano y operativo de los sistemas para garantizar autonomía y seguridad a las personas.
Para responder a las necesidades y retos de las mujeres en materia de movilidad, se requieren continuar reforzando acciones para erradicar la violencia de género, a través de la infraestructura segura, mejor iluminación, vigilancia y protocolos contra la violencia de género, así como de la participación de las mujeres en la toma de decisiones y en las operaciones del sector.
Gobernanza. Innovación y participación para la movilidad
Actualmente, la gestión de la movilidad en México enfrenta importantes problemas estructurales, desde una alta fragmentación que dificulta la regulación y la implementación efectiva de políticas hasta la desigualdad en la cobertura de servicios y la a baja calidad en algunos sistemas, lo que compromete el mantenimiento y la seguridad de las personas.
La movilidad sustentable requiere instituciones sólidas, con atribuciones claras y mecanismos de coordinación efectivos entre los distintos niveles de gobierno. Sin embargo, la gobernanza de la movilidad no puede recaer únicamente en el sector público; su éxito depende de un enfoque integral y colaborativo que involucre activamente a todos los actores.
Se trata de una gobernanza 360, en la que el sector público colabora con la ciudadanía en el diseño, implementación y evaluación de proyectos de movilidad, asegurando que las políticas respondan a las necesidades reales de la población. Al mismo tiempo, el sector privado no solo participa en la prestación de servicios, sino que también debe garantizar condiciones adecuadas para su operación, promoviendo equidad en el acceso y calidad en la infraestructura. Además, la transparencia y el monitoreo desempeñan un papel clave en la evaluación del impacto de las estrategias de movilidad, permitiendo que los proyectos cumplan con sus objetivos sociales, ambientales y económicos.
Este enfoque de gobernanza no solo asegurará una movilidad más ordenada y accesible, sino que también permitirá afrontar los desafíos emergentes, como el cambio climático y los avances tecnológicos, con una visión de largo plazo y un modelo de gestión que responda a las necesidades de las ciudades.
Financiamiento sostenible para la transformación de la movilidad
México tiene el potencial de innovar en la manera en que financia y gestiona la movilidad, integrando criterios ESG en su planificación y operación, la alineación con estándares internacionales, como los de la Taxonomía Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los marcos de financiamiento climático, puede mejorar la credibilidad del país ante organismos multilaterales e inversionistas, facilitando el acceso a financiamiento con condiciones favorables.
El financiamiento sostenible es clave para fortalecer estos proyectos, ya que permite atraer inversiones que prioricen criterios ambientales, sociales y de gobernanza, generando beneficios económicos en el largo plazo. En economías como la mexicana, este enfoque no solo diversifica las fuentes de financiamiento, sino que también reduce la dependencia de recursos públicos, fortalece la capacidad institucional de los gobiernos locales y nacionales, y fomenta la resiliencia de la infraestructura urbana.
La diversificación de fuentes de financiamiento mediante esquemas de inversión sostenible, asociaciones público-privadas y modelos de financiamiento climático permitirá consolidar proyectos de movilidad con mayor impacto social, ambiental y económico. El ESG de la movilidad no es una opción, sino una necesidad para construir un México más justo, saludable y sostenible, donde la inversión en movilidad no solo sea una solución técnica, sino también un motor de equidad y desarrollo integral.
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Nota del editor: Montserrat Castillo es directora de Proyectos de Linking Minds. Socióloga urbana y especialista en políticas públicas participativas. Ha sido consultora para proyectos estratégicos del Banco Mundial. Fue funcionaria pública federal desde la Sedatu. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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