Recientemente, la Corte Internacional de Justicia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que es el tribunal para resolver conflictos entre países a nivel mundial, emitió una Opinión Consultiva sobre las obligaciones de los Estados en relación con el Cambio Climático. Esta opinión aborda cuestiones clave sobre la responsabilidad de los estados en la protección del clima y el medio ambiente.
La Corte Internacional de Justicia y el cambio climático, resolución histórica
La Corte destacó que los estados tienen la obligación de respetar y proteger los derechos humanos en el contexto del cambio climático.
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En un momento clave, en el que el cambio climático es uno de los desafíos más importantes que enfrenta la humanidad, esta opinión ofrece una perspectiva valiosa sobre las obligaciones de los estados para mitigar sus efectos y proteger el medio ambiente.
La opinión de la Corte Internacional de Justicia puede tener un impacto significativo en la política climática global y en la forma en la que los estados abordan el cambio climático, ya que deberá generar cierta influencia en la elaboración de políticas públicas y regulaciones de los países en materia ambiental, e incluso transversalmente con otros temas como en materia energética.
En México podría tener un impacto en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, que son los compromisos que cada país presenta ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las obligaciones de los estados en relación con el cambio climático son claras y específicas; la Corte establece que tienen la obligación de adoptar medidas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, y adaptarse a los impactos del cambio climático.
Lo anterior incluye la implementación de políticas y medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como el establecimiento de medidas para adaptarse a los impactos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar y la frecuencia de los desastres naturales.
Además, la Corte enfatizó que los estados tienen la obligación de cooperar con otros estados para proteger el clima y el medio ambiente, lo cual incluye la cooperación en la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias, compartir conocimientos y experiencias, y la provisión de apoyo financiero y tecnológico a los estados en desarrollo.
La Corte también destacó que los estados tienen la obligación de respetar y proteger los derechos humanos en el contexto del cambio climático; esto incluye el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano.
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Las implicaciones legales de la opinión de la Corte Internacional de Justicia son significativas; la Corte estableció que los estados tienen una responsabilidad por daños causados al clima y al medio ambiente, lo que puede incluir la responsabilidad por emisiones de gases, incluso más allá de sus fronteras.
Esto podría abrir la puerta para peticiones de intervención solicitando reparaciones de daños al medio ambiente o a la salud de las personas y, aunque la opinión no es vinculante, sí podría sentar una precedente crucial para controversias futuras; de ahí la importancia del pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia.
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Nota del editor: Israel Hurtado es Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y Transición Energética y Ex Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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