En los últimos años, la sostenibilidad se ha consolidado como un imperativo estratégico tanto para las empresas como para las instituciones públicas, debido a que los desafíos ambientales, sociales y económicos a los que nos enfrentamos demandan, cada vez más, que las organizaciones adopten un enfoque responsable que trascienda la rentabilidad a corto plazo o la eficiencia administrativa. Sin embargo, lograr avances sostenibles y medibles no depende únicamente de iniciativas puntuales ni de proyectos aislados, sino que requiere de un marco sólido que asegure continuidad, coherencia y legitimidad, y es ahí donde retoma importancia la gobernanza.
La importancia de gobernanza para la sostenibilidad
Tanto en el ámbito público como en el privado, la gobernanza también es un mecanismo de resiliencia, ya que permite a las organizaciones adaptarse con mayor rapidez y eficacia.
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Ésta puede entenderse como el conjunto de normas, procesos y estructuras que orientan la toma de decisiones en una organización, por lo que a través de la gobernanza se definen roles y responsabilidades, se establecen mecanismos de supervisión y se generan espacios de participación para los distintos grupos de interés. En el contexto de la sostenibilidad, la gobernanza es el cimiento que garantiza que los compromisos ambientales y sociales no sólo sean una declaración de buenas intenciones, sino un eje transversal que moldea la estrategia, la operación y la cultura de la organización.
En el caso de las instituciones públicas, la gobernanza adquiere una relevancia especial por dos razones. En primer lugar, porque tienen la responsabilidad de garantizar que las políticas y programas respondan a las necesidades de la ciudadanía y contribuyan al bienestar colectivo a largo plazo; para ello, resulta indispensable integrar criterios de sostenibilidad en la planeación gubernamental, en la asignación de recursos y en la evaluación de resultados, además de asegurar transparencia en el uso de fondos, rendición de cuentas y apertura a la participación de actores diversos en la definición de políticas. En segundo lugar, porque el sector público ejerce un efecto multiplicador, al establecer marcos regulatorios claros y coherentes, que impulsan que empresas, comunidades y ciudadanos adopten prácticas más responsables.
Las organizaciones privadas, por su parte, enfrentan presiones crecientes de inversionistas, clientes y colaboradores, entre otros, quienes les demandan coherencia entre los valores que declaran y sus prácticas reales. En este sentido, la gobernanza empresarial es clave para integrar la sostenibilidad en la estrategia corporativa, asignar recursos de manera adecuada y monitorear riesgos que pueden amenazar la continuidad del negocio. Así, una compañía con estructuras de gobernanza sólidas cuenta con consejos de administración que supervisan sus objetivos ambientales y sociales, comités que evalúan sus impactos, códigos de conducta que orientan su operación diaria y sistemas de reporte que permiten medir y comunicar sus avances con transparencia. Todo esto no solo fortalece la reputación corporativa, sino que también genera ventajas competitivas al reducir riesgos, abrir acceso a financiamiento sostenible y atraer talento comprometido con un propósito más amplio.
Tanto en el ámbito público como en el privado, la gobernanza también es un mecanismo de resiliencia, ya que permite a las organizaciones adaptarse con mayor rapidez y eficacia, aún en contextos de incertidumbre, al contar con estructuras claras de decisión y de rendición de cuentas. También, una buena gobernanza hace posible tomar decisiones basadas en datos, escuchar a los grupos de interés relevantes y priorizar acciones con impacto a largo plazo, evitando soluciones improvisadas o reactivas que suelen tener consecuencias limitadas o contraproducentes.
Por el contrario, las instituciones públicas pierden confianza cuando no garantizan transparencia en la gestión de recursos o cuando no escuchan a la ciudadanía y las empresas privadas ven afectada su licencia social si actúan a espaldas de las comunidades en las que tienen presencia. Ante estas situaciones, la gobernanza se convierte en un puente de confianza entre las organizaciones y la sociedad, al incluir mecanismos de participación y canales de diálogo que pueden generar un círculo virtuoso en el que las políticas públicas y las iniciativas empresariales se refuezan mutuamente en la búsqueda de un desarrollo sostenible.
En la práctica, fortalecer la gobernanza para la sostenibilidad implica acciones concretas, como diseñar consejos o comités especializados que velen por los objetivos ambientales, sociales y económicos de la organización; implementar sistemas de reporte basados en estándares internacionales que permitan evaluar su desempeño de manera objetiva; fomentar la capacitación de directivos y funcionarios en materia de sostenibilidad; y, sobre todo, crear culturas organizacionales que valoren la ética, la transparencia y la rendición de cuentas como principios fundamentales.
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Al final, la gobernanza no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr que los compromisos de sostenibilidad se traduzcan en resultados tangibles; es lo que da continuidad a los proyectos más allá de cambios de gobierno o de rotación de directivos, asegurando que las decisiones de hoy no comprometan las oportunidades de mañana; y es, en definitiva, la garantía de que tanto en el sector público como en el privado, la sostenibilidad se viva como una responsabilidad integral y no como una moda pasajera.
En un mundo en el que la confianza y la credibilidad se han vuelto activos tan valiosos como los recursos financieros, la gobernanza emerge como el pilar que otorga legitimidad a la sostenibilidad de las organizaciones. Así, para las empresas representa la posibilidad de innovar y crecer de manera responsable, para las instituciones públicas, es la herramienta para generar políticas efectivas y duraderas y, para la sociedad en su conjunto, es la certeza de que los compromisos asumidos realmente contribuyan a construir un futuro más justo, equitativo y sostenible.
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Nota del editor: Jorge Reyes Iturbide es especialista en responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible y desde hace 20 años ha trabajado para diversas empresas y organismos nacionales e internacionales en proyectos de investigación, consultoría, desarrollo de estándares y educación ejecutiva en la materia. Actualmente es Director de Empleabilidad en la Universidad Anáhuac México. Síguelo en Twitter y LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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