Un año más ha pasado desde que se adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015 y el balance es desalentador. Lo que hace 10 años se planteó como una ruta para erradicar la pobreza, reducir desigualdades y proteger el planeta hoy se percibe cada vez más lejano.
Con el 2030 a la vuelta de la esquina, los avances son mucho menores a lo esperado y las metas originales se ven seriamente comprometidas.
Las cifras más recientes confirman la magnitud del desafío. Ninguno de los 17 objetivos está en trayectoria de cumplimiento y apenas 17% de las metas muestran un progreso suficiente. La gran mayoría avanza con lentitud, permanece estancada o incluso retrocede.
Se trata del resultado de una combinación de factores que han golpeado la agenda global durante la última década. Los conflictos armados/sociales, la crisis climática, el aumento de las desigualdades y las limitaciones financieras han ralentizado o directamente bloqueado muchos de los avances necesarios.
Así, los próximos cinco años serán decisivos. De lo que se haga en este corto periodo dependerá si los ODS siguen siendo un marco creíble para orientar el desarrollo o si terminan convirtiéndose en una promesa incumplida.
Es cierto que desde 2015 se han registrado mejoras en áreas como educación, salud y energía. Cada vez más niños completan la escuela, la mortalidad infantil y neonatal se ha reducido y el acceso a electricidad se ha ampliado de manera significativa. A la par, las energías renovables han crecido con rapidez y se perfilan como la fuente dominante de generación eléctrica en la próxima década.
La conectividad digital también muestra avances relevantes. Más personas tienen acceso a internet y a la telefonía móvil, lo que ha permitido cerrar parcialmente la brecha que marginaba a comunidades enteras.
Estos logros son una señal de que los ODS pueden funcionar como catalizadores de cambio cuando existen voluntad política, innovación tecnológica y coordinación internacional. Sin embargo, el problema es que el progreso es desigual y muy inferior a lo que la magnitud del reto exige.
La pobreza extrema continúa afectando a más de 800 millones de personas en el mundo. El hambre persiste como una realidad para 1 de cada 11 y la malnutrición golpea con fuerza a mujeres y niños.
En paralelo, la educación todavía enfrenta profundas disparidades. En los países de bajos ingresos, más de un tercio de los niños sigue fuera de la escuela y millones de jóvenes carecen de las habilidades necesarias para incorporarse al mercado laboral.
El empleo crece en números absolutos, pero la calidad se mantiene rezagada. Más de la mitad de los trabajadores en el mundo está en condiciones de informalidad, lo que limita derechos, acceso a seguridad social y oportunidades de progreso.
La violencia y los conflictos armados siguen siendo una barrera devastadora. En 2024 dejaron cerca de 50,000 muertes, lo que equivale a una cada 12 minutos, además de millones de desplazados y comunidades enteras sumidas en la inestabilidad.
A esta realidad se suma la crisis climática. El 2024 fue el año más caluroso del que se tiene registro, con temperaturas globales 1.55 °C por encima de los niveles preindustriales. Este aumento intensifica fenómenos meteorológicos extremos, acelera la pérdida de biodiversidad y genera daños económicos que afectan con mayor fuerza a los países vulnerables.
El panorama financiero también es crítico. En 2023, los países de ingresos bajos y medios destinaron 1.4 billones de dólares al servicio de la deuda, lo que reduce de forma dramática su capacidad para invertir en infraestructura social, salud o programas de adaptación climática.
La brecha anual de financiamiento para alcanzar los ODS asciende a 4 billones de dólares, una cifra que ilustra el tamaño del desafío. Sin mecanismos innovadores de financiamiento y sin mayor cooperación internacional, las metas seguirán fuera de alcance.
Además, las desigualdades estructurales se mantienen. Mujeres, personas con discapacidad y comunidades marginadas enfrentan obstáculos persistentes que frenan su desarrollo y limitan cualquier posibilidad de progreso inclusivo.
La suma de estos factores impide que el ritmo de avance alcance la escala necesaria. Si no se toman medidas más ambiciosas y coordinadas, la Agenda 2030 corre el riesgo de quedar como un ideal incumplido.
En este contexto, las empresas tienen una responsabilidad única. Su capacidad de acción, innovación y movilización de recursos puede marcar la diferencia en los próximos cinco años.
El primer paso consiste en innovar. Las compañías pueden desarrollar soluciones que respondan a los retos sociales y ambientales, desde nuevos modelos de negocio hasta productos y servicios que integren criterios de sostenibilidad.
En segundo lugar, resulta indispensable canalizar recursos hacia iniciativas que aceleren el cumplimiento de metas en energía, salud, clima, educación e inclusión. Las inversiones privadas bien dirigidas tienen el potencial de complementar lo que los gobiernos no pueden cubrir por sí solos.
La transparencia es otro elemento clave. Reportar avances y retrocesos con datos claros y verificables permite generar confianza, atraer financiamiento y dar seguimiento al impacto real de las acciones.
Finalmente, cada empresa debe comprender cómo puede contribuir de manera específica a los ODS desde su propio sector y modelo operativo. Esa comprensión requiere análisis riguroso y visión estratégica.
Invertir en esta agenda es invertir en la resiliencia de los mercados, en la confianza de los consumidores y en la competitividad de largo plazo. Las compañías que asuman este desafío estarán mejor preparadas para liderar en un mundo donde sostenibilidad y rentabilidad ya no pueden desvincularse.
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Nota del editor: Antonio Vizcaya Abdo es consultor en distintas organizaciones y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México enfocado en Sostenibilidad Corporativa. Reconocido por LinkedIn como Top Voice en Sostenibilidad. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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