Y ahí es donde la conversación pierde lo esencial ya que, si no distinguimos entre causa y síntoma, lo único que haremos será administrar mejor los daños de un sistema que sigue operando igual.
La definición que olvidamos
Conviene recordar que la economía circular no nació como una alternativa a la basura, sino como una advertencia de que habitamos un planeta finito y de que el modelo económico actual es incompatible con esa realidad. También es una propuesta de transformación de raíz porque en la práctica todos los esfuerzos de conservación terminan subordinados a la lógica financiera.
Hoy operamos bajo un sistema económico que va en contra del bienestar planetario. Mientras esa contradicción no se reconozca de manera explícita en la ley, difícilmente veremos cambios estructurales.
La definición más acertada de economía circular es considerarla como “un sistema económico regenerativo por diseño, que garantiza que los sistemas de satisfacción de necesidades y sus soportes estructurales están alineados al bienestar planetario”.
Bajo esta perspectiva, el centro no son los residuos, ni los materiales, ni siquiera los procesos productivos, es la economía completa. Y una ley que no parte de esa premisa, inevitablemente se queda corta.
Donde la ley pierde el foco
El principal problema de la LGEC es que coloca el peso operativo en la gestión de residuos y la fase productiva, pero, deja en segundo plano el momento donde se define hasta el 80% del impacto ambiental de un producto: su diseño y los incentivos económicos que lo hacen viable.
Si la normativa no obliga a preguntarnos si un producto debería existir o cómo debe rediseñarse para no convertirse en residuo, entonces lo que estamos haciendo es optimizar la eficiencia de la basura, no evitarla.