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Buscando la esencia, ¿a qué le llamamos “economía circular” en México?

El centro no son los residuos, ni los materiales, ni siquiera los procesos productivos, es la economía completa. Y una ley que no parte de esa premisa, inevitablemente se queda corta.
mar 24 marzo 2026 06:04 AM
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La economía circular no es una política de residuos, debería ser una transformación del sistema económico. Y si la ley no lo reconoce desde su punto de partida, todo lo que construyamos a partir de ella será, inevitablemente, insuficiente, apunta David Pérez Castillo. (iStock)

El 19 de enero de 2026, México se sumó al 11% global de naciones con una Ley General de Economía Circular (LGEC). Es un hito jurídico que hay que celebrar y habrá que esperar a la publicación de sus reglamentos. Sin embargo, una sombra se proyecta sobre el papel: ¿estamos legislando sobre una definición que confunde el síntoma con la enfermedad?

A primera lectura, la definición mexicana de economía circular parece robusta al cuestionar el modelo económico dominante. Sin embargo, casi de inmediato, se reduce hacia una visión más cómoda de residuos, reciclaje, contaminación.

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Y ahí es donde la conversación pierde lo esencial ya que, si no distinguimos entre causa y síntoma, lo único que haremos será administrar mejor los daños de un sistema que sigue operando igual.

La definición que olvidamos

Conviene recordar que la economía circular no nació como una alternativa a la basura, sino como una advertencia de que habitamos un planeta finito y de que el modelo económico actual es incompatible con esa realidad. También es una propuesta de transformación de raíz porque en la práctica todos los esfuerzos de conservación terminan subordinados a la lógica financiera.

Hoy operamos bajo un sistema económico que va en contra del bienestar planetario. Mientras esa contradicción no se reconozca de manera explícita en la ley, difícilmente veremos cambios estructurales.

La definición más acertada de economía circular es considerarla como “un sistema económico regenerativo por diseño, que garantiza que los sistemas de satisfacción de necesidades y sus soportes estructurales están alineados al bienestar planetario”.

Bajo esta perspectiva, el centro no son los residuos, ni los materiales, ni siquiera los procesos productivos, es la economía completa. Y una ley que no parte de esa premisa, inevitablemente se queda corta.

Donde la ley pierde el foco

El principal problema de la LGEC es que coloca el peso operativo en la gestión de residuos y la fase productiva, pero, deja en segundo plano el momento donde se define hasta el 80% del impacto ambiental de un producto: su diseño y los incentivos económicos que lo hacen viable.

Si la normativa no obliga a preguntarnos si un producto debería existir o cómo debe rediseñarse para no convertirse en residuo, entonces lo que estamos haciendo es optimizar la eficiencia de la basura, no evitarla.

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La evidencia es clara: cuando las políticas se enfocan en “mantener el valor” sin limitar la extracción de materiales vírgenes, se genera un efecto rebote. Sí, reciclamos más; pero, también producimos y consumimos más, el balance ambiental termina siendo marginal o incluso negativo.

Por ejemplo, la LGEC no menciona la meta de desacoplamiento —generar valor sin aumentar el daño ambiental—, no establece límites a la extracción de recursos no renovables, ni fija objetivos nacionales de reducción de consumo material. Sin un “techo” legal, el sistema seguirá siendo extractivo por diseño.

Podremos reciclar más madera, por ejemplo, pero nada impedirá que se siga extrayendo biomasa por encima de la capacidad de regeneración del ecosistema. La ley, simplemente, no otorga esa facultad.

Europa ya pasó por esto

No hace falta imaginar las consecuencias, ya existen antecedentes en el viejo continente. En una etapa temprana de la definición se centró tanto en la “valorización” que el mercado se inundó de plásticos supuestamente reciclables que, en la práctica, nadie podía procesar de forma rentable. El resultado fue el colapso de los sistemas de gestión y una crisis de credibilidad.

Europa corrigió el rumbo con su Plan de Acción de Economía Circular 2.0, desplazando el énfasis hacia la prevención y el rediseño del sistema. México, parece repetir este error que Europa corrigió hace más de una década.

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Un llamado al pragmatismo

Si la definición es débil, la política es estéril, la LGEC no puede limitarse a ser un manual de buenas prácticas para manejar desperdicios. Necesita convertirse en un marco que obligue a regenerar el capital natural, no solo a administrar el capital industrial.

De lo contrario, el Distintivo Nacional de Economía Circular corre el riesgo de convertirse en un sello decorativo en productos que siguen presionando los límites ecológicos del país.

La economía circular no es una política de residuos, debería ser una transformación del sistema económico. Y si la ley no lo reconoce desde su punto de partida, todo lo que construyamos a partir de ella será, inevitablemente, insuficiente.

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Nota del editor: David Pérez Castillo es profesor del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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Opinión Economía reciclaje

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