Nos encontramos en un punto crítico en la lucha contra el cambio climático, en el que los efectos acumulados de décadas de inacción son ya imposibles de ignorar, al punto de que 2025 se ha posicionado como uno de los años más calurosos jamás registrados , con temperaturas extremas y fenómenos meteorológicos severos que impactaron de forma generalizada a diversas regiones del mundo, lo que no solo intensifica la materialización de riesgos, sino que también expone la necesidad de transformar los modelos actuales de desarrollo y financiamiento para asegurar un futuro sostenible.
Movilización de financiamiento en economías emergentes frente al cambio climático
Los efectos del cambio climático se manifiestan de manera más intensa en los mercados emergentes y las economías en desarrollo, donde la capacidad de respuesta suele ser limitada.
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Sin duda, los efectos del cambio climático se manifiestan de manera más intensa en los mercados emergentes y las economías en desarrollo (EMDE, por sus siglas en inglés), donde la capacidad de respuesta suele ser limitada y su ubicación geográfica los sitúa en la primera línea de exposición a riesgos meteorológicos extremos, con efectos directos sobre su economía, infraestructura y bienestar social.
En este contexto, abordar los impactos más significativos se ha convertido en una prioridad para las EMDE, las cuales se enfrentan a grandes dificultades para captar capital privado que complemente el limitado financiamiento del sector público.
Esta brecha estructural fue reconocida en la más reciente edición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), celebrada en Belém, Brasil en noviembre de 2025. Aquí fue presentada la “decisión Mutirão”, la cual establece un programa de trabajo de dos años orientado a garantizar avances sostenidos para movilizar financiamiento tanto público como privado en favor de las EMDE.
La decisión Mutirão busca simplificar el acceso a los fondos climáticos, fortalecer la participación local y poner en marcha iniciativas clave, como Global Implementation Accelerator y la Misión Belém, destinadas a transformar las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) en programas concretos y financiables. Ambas acciones incentivan compromisos climáticos en carteras de proyectos viables, lo que resulta indispensable para atraer capital privado a gran escala.
Asimismo, la decisión Mutirão pone énfasis en el financiamiento concesional para zonas de alto riesgo climático, al tiempo que promueve el uso de garantías y mecanismos para mitigar riesgos, con el propósito de incentivar la inversión privada. Estos instrumentos buscan corregir las fallas de mercado que históricamente han limitado el flujo de capital hacia proyectos climáticos en contextos complejos.
KPMG y el World Economic Forum (WEF) han diseñado una hoja de ruta para movilizar capital privado que permita desbloquear la financiación climática en las EMDE, identificando barreras estructurales que frenan la inversión, a través de16 estrategias orientadas a mejorar la viabilidad de los proyectos, reducir riesgos y fortalecer el entorno de inversión. Están agrupadas en seis áreas clave en el ciclo de inversión, que van desde la mejora del acceso a un flujo proyectos financiables (pipelines), la movilización de capital local, hasta certeza jurídica sobre políticas y regulaciones.
Estas estrategias también enfatizan la importancia de aumentar la transparencia de datos y la inteligencia de mercado, escalar estructuras de inversión en capital (equity) para atraer más fondos y, optimizar mecanismos de reparto de riesgos (blended finance) que reduzcan las barreras de entrada.
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En 2023, el financiamiento destinado a las EMDE para atender temas relacionados al cambio climático alcanzó únicamente los USD 332,000 millones, lo que representa alrededor de 14% de los USD 2.4 billones que se estiman necesarios cada año hasta 2030, a fin de cumplir los objetivos globales . Esta brecha tiene consecuencias profundas que perpetúan la vulnerabilidad frente a desastres climáticos, la inseguridad alimentaria, la mala calidad del aire y el limitado acceso a agua y energía limpias.
A estos impactos se suman desafíos estructurales como el débil desarrollo rural, la pobreza, la falta de servicios de salud, la desigualdad y la disminución de la productividad, que en conjunto obstaculizan aún más el crecimiento económico. Además, el acceso al financiamiento climático se dificulta por otros factores como la falta de tecnología, la escasez de datos fiables y carteras de proyectos fragmentadas, sumados a la incertidumbre regulatoria y el limitado desarrollo de los mercados financieros.
Reconocer la brecha permite replantear el papel de las EMDE no solo como receptoras pasivas de capital, sino como mercados dinámicos con un importante potencial de crecimiento. Con procesos acelerados de urbanización y sectores de tecnología limpia en expansión, estas economías concentran oportunidades significativas en energía, transporte e infraestructura sostenible.
No obstante, para materializar este potencial, tanto líderes como inversionistas deben actuar de manera directa frente a los desafíos existentes. La movilización de capital depende de convertir los compromisos climáticos en carteras de proyectos sólidas y financiables, respaldadas por marcos macroeconómicos estables y entornos regulatorios aptos.
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Nota del editor: Alicia Moreno Lara es Directora de Estrategia ASG, de KPMG México. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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