La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2017 marcó un punto de inflexión en la relación entre política, sociedad y empresas. Su discurso centrado en el nacionalismo económico, el endurecimiento de las políticas migratorias y una postura conservadora en temas sociales contrastó con una tendencia empresarial que, en los años previos, había comenzado a integrar con mayor fuerza agendas de diversidad, inclusión y sostenibilidad.
En México, uno de los primeros focos de tensión fue la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La amenaza de cancelarlo o imponer aranceles a productos mexicanos obligó a las compañías exportadoras, sobre todo de los sectores automotriz, agroindustrial y manufacturero, a revisar sus estrategias de inversión y diversificación de mercados. El entorno político evidenció que los riesgos geopolíticos podían incidir directamente en la planeación corporativa.
Sin embargo, lejos de frenar la agenda social, el contexto internacional reforzó la necesidad de institucionalizarla. El impacto social dejó de ser un elemento accesorio en los reportes de sostenibilidad para convertirse en un factor determinante en la gestión empresarial. De acuerdo con la Survey of Sustainability Reporting 2024 de KPMG, cerca de 74% de las 250 empresas más grandes del mundo (G250) ya reporta riesgos sociales, frente a 49% en 2022, lo que muestra un crecimiento acelerado en apenas dos años.