“México se convirtió en una tierra fértil de emisiones con algún tipo de etiqueta de ESG, sin alguna estándar de regulación clara para este tipo de emisoras. Creo que nos convertimos en un mercado fértil para prácticas de greenwashing, de pinkwashing, de bluewashing y de todo el washing que se nos puede ocurrir porque no había realmente claridad”, señala Bernardo Reyes, socio de Pérez-Llorca, un despacho de abogados corporativo.
Para el especialista, el crecimiento del mercado fue mucho más rápido que la regulación, lo que favoreció el boom de estas emisiones.
Según cifras del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, de 2015 a 2024, en México se emitieron cerca de 1.2 billones de pesos en bonos etiquetados, es decir, verdes, sociales, sustentables, vinculados, etcétera. Esa cifra equivale a 17 veces el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) en 2024.
Con el crecimiento del mercado también se robusteció la regulación. Un primer cambio se dio con la reforma a la Ley del Mercado de Valores publicada en diciembre de 2023. Por primera vez se introdujo una disposición –el artículo 9b– que obliga a las autoridades financieras a emitir regulaciones en materia de sostenibilidad, equidad de género y ESG para todos los participantes del mercado. Como resultado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estableció una normativa que exige a las emisoras divulgar información bajo un estándar internacional sobre sus prácticas ESG.
“Ya tenemos finalmente esta certeza de que cualquier emisora tendrá que revelar al mercado cuáles son sus prácticas ESG. Lo que se busca es que el mercado tenga cierta estandarización para que el inversionista y el mercado tenga claridad”, explica Reyes.
