Moody’s realizó un análisis sobre cuáles serán la principales tendencias que van a influir en los mercados financieros y la fortaleza crediticia en un contexto donde la sostenibilidad ya no es opcional, y es clave actuar para intentar cumplir los objetivos de la Agenda 2030.
Te compartimos cuáles son.
El mundo se enfrenta a una cruda realidad: los compromisos climáticos asumidos por gobiernos y empresas no están alineados con las metas de descarbonización necesarias para evitar un desastre ambiental. Los países deben redoblar sus esfuerzos para movilizar los recursos para la reducción de emisiones de CO2.
Sin embargo, una parte importante del mercado de deuda está expuesta al riesgo de descarbonización, como el petróleo y gas, minería, y servicios como el transporte (aéreo, marítimo y terrestre). Según Moody’s, sectores como la energía, el automotriz y la industria pesada enfrentan riesgos crecientes debido a las discrepancias entre las metas de descarbonización y su ejecución real.
Otros mercados emergentes, que tienen presupuestos ajustados y altos costos de financiamiento, son los que tienen más desafíos. La transición energética en India, por ejemplo, que tiene altos costos de capital y recursos públicos insuficientes, muestra avances al destinar inversiones significativas a energías renovables.
Los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones en Brasil o el huracán Otis en México en 2024, destacan cómo el cambio climático tiene cada vez más costos. De acuerdo con Swiss Re Institute, ascendieron a $310,000 millones de dólares en pérdidas. Por su parte, Moody’s prevé que estos impactos impulsarán una mayor inversión en resiliencia climática.
Por ello, las aseguradoras están tomando acciones para garantizar que los precios y las suscripciones reflejen el incremento del riesgo, aunque esta medida también puede ser una acción contraproducente que podría provocar volatilidad en las utilidades de 2025.
En economías avanzadas, como Estados Unidos, el aumento de primas de seguros y la retirada de aseguradoras privadas de zonas de alto riesgo están debilitando el valor inmobiliario y las finanzas locales.
En los emergentes, la vulnerabilidad es mayor. Un ejemplo es Argentina, que enfrenta sequías que afectan tanto la seguridad alimentaria como la estabilidad económica.
Según Moody’s, se necesita movilidad el financiamiento a opciones como bonos verdes para proyectos de resiliencia. El gasto actual en adaptación, estimado en $28,000 millones anuales, está lejos de los requerimientos globales que ascienden a más de $215,000 millones.
Las empresas estarán obligadas a incrementar sus costos operativos y de cumplimiento de las prácticas ambientales y laborales, además de informar sobre el impacto ambiental y social para 2025.
En Europa, se estima que al menos 10,000 empresas, incluídas 3,000 empresas estadounidenses, deberán informar a la Directiva de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) de la Unión Europea.
En China, a principios de 2024 propuso un régimen de comercio de derechos de emisión, lo que podría impulsar inversiones locales en descarbonización y posicionar mejor a sus industrias en mercados internacionales.
Los países que ya adoptaron esta clase de políticas son Costa Rica, Brasil, Bolivia, Chile, Turquía, Bangladesh, Tanzania, Sri Lanka, Singapur, Malasia, Taiwán y Australia. Por su parte, México, Reino Unido, Ghana, Nigeria, Uganda, Kenia, Pakistán, Corea, Japón, Filipinas, Indonesia o Hong Kong están en proceso de adopción.
Los avances tecnológicos, el envejecimiento de la población, la migración o los eventos climáticos intensifican los rasgos con implicaciones crediticias principalmente negativas, aunque con sus excepciones positivas.
“A medida que se acentúen los efectos, es posible que se adopten medidas políticas o que se intensifiquen las tensiones sociales cuando sea más limitada la capacidad institucional y fiscal para abordar estos problemas,” explica el estudio.
Las empresas se enfrentan a escasez crónica de mano de obra, que aumenta su costo y frena la oferta de trabajadores; los cambios de preferencias de los consumidores; los avances tecnológicos ponen en riesgo al sector privado y público.
Japón, con una población laboral en disminución, está adoptando políticas más flexibles para atraer inmigrantes y cubrir déficits en sectores clave. Mientras que en Estados Unidos, el endurecimiento de políticas migratorias bajo el nuevo gobierno podría limitar la disponibilidad de trabajadores en sectores como la agricultura y la construcción, agravando los problemas inflacionarios.
El informe de Moody’s muestra un panorama en el que 2025 debe ser un año de decisiones críticas para los gobiernos, empresas e inversiones, ya que su capacidad de adaptarse y liderar será determinante para su fortaleza financiera y también la del planeta.
