COP30: una década después del Acuerdo de París, el planeta sigue en deuda

La COP de este año, que se realiza en noviembre, no es una más en el calendario. Marca el décimo aniversario del Acuerdo de París, el pacto global que comprometió a más de 190 países a limitar el aumento de la temperatura media global a 1.5 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales. Una década después, las promesas de transición hacia energías limpias, financiamiento climático y reducción de emisiones siguen enfrentando la dura realidad de la geopolítica, la falta de coordinación y las energías fósiles.

Las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) son la columna vertebral de este pacto. Se trata de planes de acción presentados por cada país en los que detallan cómo reducirán sus emisiones de gases de efecto invernadero y se adaptarán al cambio climático. Tienen que actualizarse cada cinco años, es decir, que toca en 2025, y siempre deberá hacerse con una mayor ambición.

“Hoy, la expectativa entre los 29 países que ya han entregado las NDC y los poco más de 80 que debieran entregar sus actualizaciones es llegar a 110, 120 países, lo cual por supuesto es menor que lo que se espera de un proceso de este tipo”, dice Gonzalo Muñoz, cofundador de Sistema B y Champion de Alto Nivel de la COP25.

La tensión internacional, marcada por conflictos bélicos y rivalidades comerciales, los cambios políticos dentro de cada país y la situación económica global, con un aumento de la inflación y un menor ritmo de crecimiento, le ponen el pie a este proceso. La COP30 tiene una doble misión: lograr una acción coordinada entre gobiernos, empresas y sociedad civil, y demostrar que la acción climática es posible más allá de los discursos.

El escenario no pudo ser más simbólico. Belém es considerada la puerta de la Amazonía, uno de los grandes sumideros de carbono del planeta, pero también una de las regiones más amenazadas por la deforestación y la minería ilegal. Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), entre 2019 y 2022, la deforestación alcanzó cifras récord, aunque en 2024 el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva logró una reducción de casi el 70% respecto al 2022 en el área bajo alerta.

Así, la cita en Belém pone sobre la mesa los retos, pero también las oportunidades para que cada país muestre sus compromisos. Y ahí es donde México busca proyectarse como una nación clave en la lucha contra el cambio climático.

Entre la ambición y la realidad

En agosto de 2024, representantes de 22 países participaron en la primera reunión ministerial de América Latina y el Caribe sobre cambio climático, que se realizó en México, donde se firmó un acuerdo para alcanzar metas conjuntas de reducción de emisiones y crear plataformas colaborativas de inversión. Desde ese momento, el país se perfilaba como líder en la región en esta materia.

Además, México anunció en la COP29, celebrada en Bakú, Azerbaiyán, en noviembre del año pasado, su compromiso de alcanzar emisiones netas cero a mediados de siglo. Ese anuncio lo colocó en la misma línea narrativa que otras economías del G20. Sin embargo, la implementación es otra historia.

“Vamos tarde en cuanto a la ambición de los compromisos y en términos de implementaciones”, señala Avelina Ruiz, subdirectora de Política Climática de Iniciativa Climática de México.

Uno de los grandes pendientes es el sector energético. Aunque el Plan Nacional de Desarrollo reconoce la transición energética como un eje estratégico, las inversiones aún favorecen los hidrocarburos. En 2024, alrededor del 78% de la electricidad en México todavía se generaba con fuentes fósiles, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Nos parece un gran riesgo, porque la seguridad energética no está en seguir ampliando la matriz de energía fósil con el gas y el petróleo, sino con tener alternativas limpias, sobre todo, pensando en que la economía global está transitando a las bajas emisiones y que va a haber menos cadenas de valor y oferta y demanda de combustibles fósiles”, dice Ruiz.

El gas natural, que por años fue considerado un combustible de transición, también está en el centro del debate, pues el plan nacional contempla incrementar la producción de 3,854 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) a 4,976 MMpcd, así como desarrollar infraestructura para su almacenamiento para garantizar la soberanía y la seguridad energética del país.

Sin embargo, Ruiz advierte que este gas fósil no debe considerarse un combustible de transición y que se tiene que hacer el paso inmediato a la tecnología renovable, porque si no será imposible alcanzar las metas del Acuerdo de París.

Una de las discusiones clave en Belém, y donde México tiene una gran oportunidad para avanzar en sus objetivos, es la relacionada con el artículo 6 del Acuerdo de París, que establece las bases para un mercado internacional de carbono, un sistema que pone precio a las emisiones de CO2. Esto permite a empresas y gobiernos comprar o vender créditos de reducción para incentivar la transición hacia una economía más limpia. Sin embargo, a 10 años del acuerdo, este mecanismo aún no opera plenamente.

En México, enfrenta sus propias dificultades. “Está desencajado. Por un lado, tienes demanda de créditos de carbono, pero para abastecer esa demanda no tenemos suficientes proyectos, y luego tienes muchos proyectos que no encuentran financiamiento”, explica Eduardo Piquero, director general de MÉXICO2, subsidiaria del Grupo Bolsa Mexicana de Valores dedicada a incentivar los mercados ambientales. La estimación es que el país podría reducir alrededor de 20 millones de toneladas de CO2 a través del mercado federal de carbono. Sin embargo, la falta de oferta y de mecanismos de transparencia limita su alcance, agrega.

La pobreza energética resulta otro obstáculo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, el 91.5% de los hogares cuenta con estufa de gas o eléctrica; el 90.6%, con refrigerador, y solo el 43% tiene calentador de agua (ya sea eléctrico o de gas). Resolver estas carencias mientras se reduce la dependencia de combustibles fósiles es un reto político y social.

José Luis Samaniego, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat, admite que el panorama para México es complejo, pero defiende los avances y asegura que “la transición energética está avanzando muchísimo” de la mano de la Sener, además de que se está fortaleciendo el programa nacional de adaptación, que se dará a conocer en noviembre.

“Estamos metiéndole una dimensión que no estuvo considerada en otro momento, que es la de seguridad nacional, conforme se pongan más difíciles los impactos del cambio climático. Además, tenemos la voluntad de avanzar hacia el cumplimiento de la meta nacional y estamos terminando de preparar la propuesta de la COP30 con el nuevo compromiso nacional determinado, que tiene que ser más ambicioso que el actual”, asegura el funcionario.

Oportunidades y contradicciones

México no es el único país que parece no empatar lo que dice y lo que hace, toda la región latinoamericana llega a la COP con contradicciones. Por un lado, países como Chile, Colombia y Costa Rica han acelerado la adopción de energías renovables y políticas de descarbonización. Por el otro, las grandes economías, como Brasil y México, mantienen una dependencia de los hidrocarburos.

El propio Brasil, anfitrión de la conferencia, es todo un caso. Mientras Lula da Silva ha prometido detener la deforestación en la Amazonía hacia 2030 y reposicionar a su país como un actor clave en la agenda ambiental, Petrobras sigue expandiendo sus operaciones en aguas profundas y ultraprofundas.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que la región necesitará inversiones anuales de entre el 3.7 y el 4.9 % del PIB regional por año hasta 2030, lo que equivale a alrededor de 248,000 millones de dólares anuales para cumplir sus compromisos climáticos.

Sin embargo, el financiamiento internacional sigue siendo insuficiente. En 2023, último dato disponible, se destinaron solo 83,00 mdd, es decir, solo una tercera parte, según Climate Policy Initiative. “Hay un insuficiente financiamiento a los países en desarrollo para que atiendan las necesidades de su población en términos de servicios, infraestructura y, al mismo tiempo, reduzcan emisiones”, dice Ruiz.

A nivel global, los últimos 10 años han mostrado una paradoja. Por un lado, el despliegue de energías renovables ha crecido de manera exponencial. Para 2025, la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) espera que la inversión mundial en energía limpia alcance los 2.2 billones de dólares, lo que representaría alrededor de dos terceras partes del total de la inversión energética mundial. Además, el 91% de los nuevos proyectos de generación renovable a gran escala resultaron más baratos que las alternativas fósiles, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA).

Sin embargo, por otro lado, las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron un nuevo máximo histórico en 2024, impulsadas principalmente por el carbón y el petróleo, según el Global Carbon Project. Al mismo tiempo, 2024 fue el año más cálido desde 1850 y se estima que la anomalía global media fue de 1.62 grados por encima del periodo de referencia 1850-1900, de acuerdo con Berkeley Earth, una organización de investigación sin fines de lucro.

Muñoz advierte que uno de los principales obstáculos para caminar hacia el objetivo común es la errónea ideologización de la crisis climática. “Esa mera torpeza conceptual, el de pretender ideologizar la biofísica, pretender ideologizar algo tan concreto como lo que ocurre en un plano atmosférico cuando se acumulan gases de efecto invernadero al ritmo que lo hemos acumulado los seres humanos. Es ciencia”, sostiene. “Tenemos que derribar el obstáculo de la torpeza o de los intereses creados que nos han impedido avanzar más rápido. Si tan solo rompiésemos ese obstáculo, los avances serían extraordinarios en todos los sectores de la economía”.

Un futuro en disputa

La COP30 llega en un momento en que la ventana para limitar el calentamiento global se estrecha. El Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) advierte que, sin reducciones inmediatas y profundas en las emisiones de todos los sectores, será imposible mantener el límite de 1.5 grados.

El panorama, sin embargo, no es del todo pesimista. La transición hacia energías renovables se ha convertido en una opción económica más viable que los combustibles fósiles en la mayoría de los países. La electrificación del transporte y los avances en almacenamiento también ofrecen oportunidades. Para Ruiz, lo esencial es que el texto de salida de los combustibles fósiles quede plasmado en los acuerdos.

El financiamiento también será un eje de negociación. En la COP29, los países desarrollados acordaron, por primera vez en 15 años, aumentar la cantidad que proporcionan para la mitigación y la adaptación climática en los países en desarrollo. El monto pasó de 100,000 mdd a 300,000 mdd para 2035; sin embargo, según la ONU, se requieren alrededor de 1.1 billones de dólares a partir de 2025 y 1.8 billones para 2030.

Para enfrentar estos desafíos, surgió la llamada Agenda de Acción, un marco para movilizar a todos los entes para acelerar la acción climática y la implementación de los compromisos del Acuerdo de París.

Según Muñoz, está diseñada “de forma brillante” para no quedar como un complemento secundario, sino como un eje que articula los esfuerzos de gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales y actores financieros.

Además, la estructura de la Agenda de Acción se vincula directamente con las negociaciones oficiales de la COP, contribuyendo al Global Stocktake, el balance global que evalúa el progreso hacia las metas del Acuerdo de París. Esta articulación permite que la implementación no sea un proceso paralelo, sino un esfuerzo coordinado que promueve la transparencia y la medición real de los logros climáticos.

“La belleza de la Agenda de Acción es que va a servir para mostrar los avances reales que hemos tenido y, de esa manera, no mostrar simplemente luces que puedan generar expectativas, sino datos concretos que muestren avances y que fortalezcan el ciclo político de las COP”, comenta Muñoz.

Belém será, entonces, un espacio donde se medirá la voluntad real de los países, las empresas y la sociedad civil. Entre los pasillos inconclusos de su sede, los líderes mundiales tendrán que decidir si esta década será recordada como el momento en que se cruzó un punto de no retorno o como aquel en que la humanidad finalmente dio un giro hacia un futuro sostenible.

A marchas forzadas

Belém es una ciudad con un aire de abandono y es que su historia la ha marcado. Fue fundada en 1616 y tuvo su auge debido a la producción y el comercio del caucho. Algunos edificios todavía son vestigio de ese esplendor del que hoy ya no queda nada. El tiempo y el clima pesan sobre la arquitectura urbana.

Durante el auge cauchero, entre finales del siglo XIX y principios del XX, Belém fue considerada una de las ciudades más prósperas de la Amazonía. El Teatro da Paz, con estilo neoclásico, y los palacetes que rodeaban la plaza Batista Campos son testigos de esa época dorada. Sin embargo, tras la caída del ciclo del caucho y décadas de crecimiento urbano desordenado, la ciudad perdió dinamismo económico y quedó marcada por la desigualdad y la falta de planificación.

Hoy en día, Belém enfrenta un reto inédito: convertirse en el escaparate mundial de la acción climática al albergar la COP30. La capital del estado de Pará, con más de 1.5 millones de habitantes, será la sede de un encuentro que reunirá a jefes de Estado, líderes empresariales, activistas y organizaciones de la sociedad civil de más de 190 países.

El desafío logístico es enorme. De acuerdo con la ONU, se espera la llegada de al menos 60,000 participantes, pero Belém no cuenta con las habitaciones suficientes. Ante esta carencia, el gobierno local habilitará hospedajes alternativos, como cruceros en la bahía de Guajará, escuelas e instalaciones de la fuerza armada para recibir una parte de los visitantes.

El transporte es otra de las grandes limitantes. La movilidad urbana enfrenta problemas, como calles deterioradas, transporte público insuficiente y frecuentes inundaciones derivadas de lluvias intensas.

Hasta el momento se han invertido alrededor de 5,000 millones de reales en infraestructura vial, sanitaria y de telecomunicaciones. “Será la mayor transformación urbana de la ciudad en décadas”, declaró en agosto el gobernador de Pará, Helder Barbalho.

Sin embargo, a unas semanas de que se lleve a cabo la COP, la ciudad luce inconclusa.

La población local vive la preparación con sentimientos encontrados. Mientras que algunos comerciantes ven en el evento una oportunidad para dinamizar la economía y atraer turistas, otros muestran escepticismo, como Walquiria, una conductora de Uber, que cuenta que aunque últimamente llegan más extranjeros a la ciudad, cree que solo será una oportunidad fugaz.

Si bien la elección de Belém como anfitriona responde a una carga simbólica, la de colocar a la Amazonía en el centro de la agenda global sobre el futuro del planeta, la pregunta es si la inversión logrará dejar un legado de infraestructura y servicios para la población o si, como en el ciclo del caucho, la bonanza será efímera y dará paso a un nuevo periodo de abandono.