La 88ª Convención Bancaria celebrada en Nuevo Nayarit fue, en muchos sentidos, un escaparate de intenciones. Entre discursos optimistas y la firma del llamado Plan México, las principales instituciones financieras del país, junto con el Gobierno Federal y el Banco de México, anunciaron su compromiso de aumentar el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en un 3.5% anual hasta 2030. Un anuncio que en papel suena esperanzador, pero que en la práctica enfrenta una realidad compleja.
Financiamiento e inclusión, el desafío pendiente para las pymes en México

Las mipymes, que representan más del 99% del total de las empresas en México y generan el 72% del empleo formal, llevan años luchando por acceder al crédito. No se trata solo de voluntad política o de promesas institucionales, sino de una estructura financiera que sigue viendo a estos pequeños negocios como clientes de alto riesgo. La falta de garantías, los requisitos documentales y la limitada bancarización son solo algunos de los obstáculos que enfrentan a diario. Y aunque el Plan México promete facilitarles el acceso al crédito, lo cierto es que la historia reciente nos ha enseñado que entre las palabras y los hechos hay un abismo.
Las mipymes en México no solo lidian con el reto del financiamiento. En los últimos años han sido golpeadas por políticas proteccionistas como los aranceles impuestos por Donald Trump, que desestabilizaron a muchas empresas que dependían de las exportaciones. Aunque estos aranceles ya no están vigentes, las secuelas permanecen. Muchas pequeñas empresas tuvieron que reconfigurar sus cadenas de suministro, ajustar costos y, en algunos casos, cerrar operaciones. Para quienes lograron sobrevivir, el acceso al crédito no es solo una necesidad, es una cuestión de supervivencia.
Sin embargo, el verdadero reto no se limita al financiamiento. La inclusión financiera, tan mencionada en los foros y paneles de la convención, sigue siendo una asignatura pendiente. No basta con ofrecer más productos bancarios si estos no son accesibles para los sectores que más los necesitan. No se trata solo de poner una sucursal más en comunidades rurales o de promover herramientas como CoDi®. La inclusión financiera comienza con la educación, con enseñarle a los pequeños empresarios a gestionar su dinero, a manejar un flujo de efectivo, a entender qué es una tasa de interés y, sobre todo, a confiar en el sistema financiero.
Y en medio de todo esto, aparece un nuevo factor que, aunque se mencionó en la convención, no siempre se entiende en su verdadera dimensión: la sostenibilidad. En un mundo donde las regulaciones ambientales son cada vez más estrictas, donde los consumidores son más conscientes y donde las cadenas de suministro globales exigen transparencia, las empresas que no adopten criterios sostenibles estarán condenadas a desaparecer. No es una exageración, es una realidad. Las mipymes que no integren prácticas responsables estarán fuera del mercado en cuestión de años.
La sostenibilidad, además, no solo es una necesidad, es una oportunidad. Las instituciones financieras, presionadas por reguladores y accionistas, están cada vez más interesadas en financiar proyectos sostenibles. Las pequeñas empresas que demuestren que son ambiental y socialmente responsables podrán acceder a mejores condiciones de crédito, mientras que aquellas que continúen ignorando estos aspectos se encontrarán aisladas.
Pero todo esto requiere algo más que discursos. El Plan México solo será efectivo si se traduce en acciones concretas. Si los bancos dejan de ver a las mipymes como un riesgo y empiezan a verlas como una inversión. Si el gobierno facilita los procesos regulatorios y fomenta una cultura de formalización y educación financiera. Y, sobre todo, si las propias mipymes entienden que la sostenibilidad no es un lujo, sino una condición para sobrevivir.
La 88ª Convención Bancaria fue un espacio de reflexión. Pero la verdadera prueba será ver si esos compromisos se traducen en cambios tangibles. En un país donde las mipymes son el motor económico, pero también las más vulnerables, el acceso al financiamiento y la adopción de prácticas sostenibles son más que buenas intenciones. Son una cuestión de vida o muerte.
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Nota del editor: Jessika Slovik H. es Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Es Fundadora y Directora de Tolerancia Activa. Ha participado en varios conferencias y artículos informativos sobre sostenibilidad para varios medios en México. Creadora y cofundadora de SPEAK ESG podcast trasmitido en Spotify y You Tube. Síguela en Facebook, Instagram y TikTok como @toleranciactiva y en Linkedin y X como Jessika Slovik. Spotify y You Tube podcast Speak ESG. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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