El cambio climático ha dejado de ser una amenaza futura para convertirse en una realidad presente. Sequías prolongadas, olas de calor extremas, lluvias atípicas y huracanes cada vez más intensos y frecuentes afectan tanto la seguridad hídrica como la alimentaria.
Esperanza líquida. El agua como eje de adaptación y bienestar en México
Las pérdidas económicas por fenómenos extremos son crecientes, desde huracanes que destruyen infraestructura rural hasta plagas asociadas al cambio climático que diezman cosechas.
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En México, sus efectos ya se sienten con fuerza tanto en las ciudades como en el campo: inundaciones severas en las grandes metrópolis, escasez de agua que afecta a las industrias y cosechas perdidas. Estos impactos no son aislados ni coyunturales; son parte de un patrón climático inducido por la actividad humana, cada vez más severo que exige respuestas integrales y coordinadas.
El campo, que representa el 3.5% del PIB y el 12% del empleo nacional, ya enfrenta las consecuencias. Las pérdidas económicas por fenómenos extremos son crecientes, desde huracanes que destruyen infraestructura rural hasta plagas asociadas al cambio climático que diezman cosechas. Esta situación es aún más crítica si consideramos que más del 60% de la agricultura mexicana depende de lluvias estacionales que se han vuelto cada vez más impredecibles.
En las ciudades, la historia no es distinta. Monterrey vivió una crisis de abastecimiento de agua en 2022 y la Ciudad de México atravesó en 2024 una emergencia hídrica, cuando el Sistema Cutzamala cayó a niveles críticos. A esto se suma que cerca del 40% del agua potable de la ciudad se pierde por fugas. Mientras tanto, en temporada de lluvias, se registran inundaciones severas, como la tromba de junio de 2025 que colapsó drenajes y dañó infraestructura en la capital.
La intensificación en la frecuencia de huracanes, como Otis (2023) o John (2018), ha dejado al descubierto la vulnerabilidad ante eventos extremos en zonas costeras y urbanas. Pero más allá de los daños visibles en infraestructura, el cambio climático también está alterando los mares: el aumento del nivel del mar, la erosión costera, la pérdida de hábitats marinos y la disminución de especies pesqueras están afectando a miles de comunidades que dependen del océano para su sustento.
Afortunadamente, no partimos de cero para enfrentar esta situación. Existen soluciones tecnológicas y políticas públicas en marcha. El Gobierno de México ha tomado medidas importantes en los últimos años. El Programa Nacional Hídrico 2020–2024 establece como ejes estratégicos la gestión integrada del agua, el acceso equitativo y la sostenibilidad de las cuencas. El Programa de Reforestación de Manglares busca restaurar el 5% de los manglares del país para 2025 y el 30% para 2030 junto con comunidades pesqueras del Golfo de México y el Caribe. A nivel sectorial, se han incorporado medidas de adaptación en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), y la CONAGUA ha impulsado inversiones en modernización de infraestructura, medición y recuperación de caudales. Aunque aún queda camino por recorrer en su implementación, estas acciones representan una base institucional sobre la cual construir una respuesta más ambiciosa y efectiva frente al cambio climático en general y en particular para un mejor manejo del agua, en ciudades y en el campo.
Para fortalecer la resiliencia urbana es clave invertir en infraestructura adaptativa para el manejo del agua: sistemas de captación de agua de lluvia, pavimentos permeables, parques inundables, sensores de monitoreo y simulaciones digitales para reparar y detectar fugas de las redes hídricas.
En el sector agropecuario, la transición hacia sistemas de riego más eficientes y menos vulnerables —como el riego por goteo o de precisión— debe acelerarse. La diversificación de cultivos,la transición hacia prácticas agroecológicas más sostenibles, y el fortalecimiento de seguros agropecuarios son piezas fundamentales. Pero, sobre todo, se necesita invertir en capacidades locales y apoyo técnico y financiero para los pequeños productores que enfrentan estos desafíos sin red de protección.
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Además de las acciones en ecosistemas terrestres, es fundamental reconocer el papel de los ecosistemas acuáticos y marinos en la lucha contra el cambio climático. En México, los manglares, arrecifes y humedales costeros son aliados clave para la protección contra huracanes y la conservación de la biodiversidad. Proteger estos ecosistemas no sólo es una estrategia ambiental, sino también una medida de adaptación urgente que beneficia a millones de personas que dependen del agua, el turismo y la pesca.
La tarea no es sólo técnica: es estratégica y política. Requiere de voluntad, financiamiento, innovación y colaboración. Es imprescindible asignar presupuestos multianuales para construir y mantener una infraestructura resiliente; que el sector privado integre criterios de adaptación en sus cadenas de valor, y que las universidades y centros de investigación aceleren la generación de soluciones basadas en evidencia. Pero el gran reto es implementar lo que ya sabemos que funciona: mecanismos concretos de colaboración público-privada que alineen incentivos, movilicen recursos y escalen buenas prácticas.
El cambio climático y en particular la crisis hídrica nos plantean una pregunta de fondo: ¿estamos preparados para proteger a quienes más lo necesitan y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades que una transición climática bien gestionada puede traer? La respuesta está en las decisiones y acciones de hoy.
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Nota del editor: Tania Rabasa Kovacs es Integrante del Consejo Directivo, Pacto Global de las Naciones Unidas Red México. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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