El discurso de la transición energética suena impecable: autos eléctricos, baterías recargables y promesas de un futuro “limpio”. Pero detrás de esta narrativa optimista hay una cara incómoda que rara vez aparece en foros empresariales o en cumbres internacionales: la del extractivismo disfrazado de verde.
Transición energética, ¿quién gana y quién paga?
Sin un marco regulatorio que obligue a las empresas a cumplir estándares ambientales y sociales, lo verde seguirá siendo terreno fértil para la impunidad corporativa.
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La competencia por minerales críticos como litio, cobalto o tierras raras ha abierto un nuevo capítulo en la geopolítica mundial. Los países del Norte aceleran licencias mineras, firman tratados y se blindan frente a la dependencia de China, que concentra más del 70% de la producción y procesamiento de tierras raras. Sin embargo, estos recursos no están en el Norte, sino en territorios del Sur Global: América Latina, África y Asia.
Lo que para algunos son insumos estratégicos, para otros significa territorios convertidos en zonas de sacrificio. En el Triángulo del Litio en Sudamérica, en el cinturón del cobalto del Congo o en los Andes del cobre, comunidades enteras viven sobre recursos codiciados, pero siguen atrapadas en pobreza, desplazamiento y contaminación. En Chile, el Salar de Atacama —uno de los mayores yacimientos de litio del planeta— consume millones de litros de agua dulce al día en una de las regiones más áridas del mundo.
La República Democrática del Congo produce el 70% del cobalto mundial, un mineral vital para la revolución tecnológica. Pero miles de mujeres y niños trabajan allí en minas precarias e informales, con salarios miserables o sin paga, sin protección, expuestos a túneles que colapsan y a tóxicos que enferman. Las mujeres cargan con una triple injusticia: son excluidas de los empleos formales porque la industria minera sigue siendo altamente masculinizada —los trabajos técnicos, de ingeniería o de supervision.
Aquí entra la gran falla del sistema actual: los criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza, por sus siglas en inglés). Aunque se han convertido en el lenguaje común de la sostenibilidad empresarial, no tienen un marco regulatorio legal: siguen siendo voluntarios y sin supervisión, sin incentivos para los empresarios. Mientras las compañías se limitan a reportar indicadores, no hay mecanismos que obliguen a rendir cuentas sobre qué hay detrás de esos números. No existen sanciones para quienes contaminan acuíferos.
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Sin un marco regulatorio que obligue a las empresas a cumplir estándares ambientales y sociales, lo verde seguirá siendo terreno fértil para la impunidad corporativa. Y aquí es donde América Latina, y México en particular, tienen un reto mayúsculo: ¿vamos a seguir siendo proveedores de materias primas sin soberanía ni beneficio real, o vamos a liderar una transición energética que redistribuya poder y riqueza de manera justa?
La transición energética no puede construirse sobre cuerpos, territorios y vidas condenadas a la marginación porque son explotadas y olvidadas. Lo verde no es neutro: puede ser la promesa de un planeta sostenible o la coartada perfecta para reproducir patrones de explotación donde se refuerzan las injusticias de siempre y se acentúa la pobreza. La gran pregunta es incómoda pero urgente: ¿quién gana poder con esta carrera por los minerales y quién paga el precio?
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Nota del editor: Jessika Slovik H. es Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Es Fundadora y Directora de Tolerancia Activa. Ha participado en varios conferencias y artículos informativos sobre sostenibilidad para varios medios en México. Creadora y cofundadora de SPEAK ESG podcast trasmitido en Spotify y You Tube. Síguela en Facebook, Instagram y TikTok como @toleranciactiva y en Linkedin y X como Jessika Slovik. Spotify y You Tube podcast Speak ESG. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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