Durante décadas, el río Motagua, en Guatemala, ha sido sinónimo de contaminación. Donde antes corría agua limpia, hoy navegan desechos agroindustriales, plásticos y escombros. La comunidad maya poqomam de Santa Cruz Chinautla conoce muy bien esta realidad, lleva más de 30 años viendo cómo la mala gestión de la basura ha transformado sus ríos en vertederos, amenazando su salud, sus modos de vida y su cultura alfarera ancestral nutrida del barro de la zona ribereña.
El fallo que puede contribuir a detener la contaminación del río Motagua
Esta sentencia es un precedente que puede abrir camino para otras comunidades que habitan la cuenca, porque este no es un caso aislado, nos afecta a todos.
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Recientemente, un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla atender de forma efectiva la emergencia ambiental denunciada por el pueblo poqomam. El fallo ordenó realizar estudios, programas y planes para detener la contaminación de ríos y suelos, cerrar basureros ilegales, restaurar ecosistemas dañados, frenar la llegada de desechos provenientes del área metropolitana de la Ciudad de Guatemala, garantizando la participación activa de los afectados en las decisiones.
Esta sentencia no solo devuelve la esperanza a Chinautla, es un precedente que puede abrir camino para otras comunidades que habitan la cuenca del Motagua, porque este no es un caso aislado, nos afecta a todos.
La basura que inunda Chinautla, en su mayoría plásticos, no se queda ahí, recorre 97 municipios y 14 departamentos de Guatemala antes de desembocar en el mar Caribe, donde amenaza al Sistema Arrecifal Mesoamericano, uno de los arrecifes transfronterizos más grandes del planeta y uno de los más biodiversos, que se extiende por las costas de México, Guatemala, Belice y Honduras.
El problema tiene causas estructurales a nivel nacional. Según datos del proyecto de Gestión Ambiental Integral de la Cuenca del Río Motagua, financiado por el PNUD, en Guatemala 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante se elimine adecuadamente. Además, del total de vertederos del país, 88.32% son ilegales o no tienen autorización municipal.
Por si fuera poco, la contaminación por plásticos es uno de los mayores retos en América Latina, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo en la región hay cerca de 3.7 millones de toneladas métricas de residuos plásticos con alto riesgo de terminar en ríos y mares, y se proyecta que la cifra podría llegar a 4.4 millones en 2050 si no se toman medidas. Una vez en el agua, estos materiales pueden tardar siglos en degradarse, fragmentándose en microplásticos que ingresan a la cadena alimenticia y afectan a la fauna, los ecosistemas y la salud humana.
La sentencia ganada por el pueblo poqomam deja varias lecciones. Nos muestra cómo todo está interconectado: proteger un río local es también salvaguardar un arrecife regional; garantizar agua limpia hoy es asegurar la vida en el futuro; y que la justicia ambiental une salud pública, biodiversidad y participación ciudadana. También recuerda que, incluso frente a la contaminación más extrema, es posible construir soluciones desde el derecho y la ciencia.
El reto real comienza ahora, al transformar una resolución judicial en agua limpia, ríos vivos y justicia ambiental. Para lograrlo, es indispensable que las autoridades fortalezcan la gobernanza ambiental, cumplan y hagan cumplir las leyes, monitoreen la contaminación desde su origen y destinen recursos públicos a la restauración ecológica.
Mantener la vigilancia ciudadana será clave para que las órdenes judiciales no queden en papel. También será fundamental la participación activa de la población en las iniciativas de gestión integral de los residuos y la recuperación ecológica de su territorio, impulsadas por el gobierno municipal.
La justicia ambiental no llega sola. La comunidad maya poqomam ya dio el primer paso al obtener la decisión judicial, que su ejemplo nos inspire a remar juntos hacia el resurgir del río Motagua y la protección del Sistema Arrecifal Mesoamericano. Solo así el desarrollo y la naturaleza podrán convivir en armonía.
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Nota del editor: Bryslie Cifuentes es abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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