No dejar a nadie atrás es la promesa central de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también uno de los más difíciles de lograr en la práctica. Más allá de ser una ambición, este principio nos recuerda que el desarrollo sostenible se logrará cuando protejamos y garanticemos la dignidad y los derechos de todas las personas, principalmente aquellas que históricamente han permanecido rezagadas, incluidos los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las comunidades que viven en pobreza, entre muchos otros.
Del papel a la práctica: derechos humanos integrados a la sostenibilidad empresarial
No puede haber respeto ni protección de los derechos humanos si las personas no los comprenden, no los reconocen como propios y no saben cómo ejercerlos.
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Esto ha llevado a organizaciones de diversas industrias a establecer mecanismos que propicien el cumplimiento y protección de los derechos humanos a lo largo de su cadena de valor. De acuerdo con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, las organizaciones tenemos la responsabilidad de llevar a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos, es decir, realizar un proceso continuo para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas sobre cómo se abordan los impactos negativos en las personas .
A pesar de eso, casi la mitad de las empresas más grandes del mundo, evaluadas por el Índice Corporativo en Derechos Humanos (46.2%), no muestra evidencia de identificar ni mitigar problemas de derechos humanos en sus cadenas de suministro .
Un estudio de la Universidad de Columbia identificó que uno de los desafíos más comunes es que las distintas áreas de una organización actúan en silos, lo que separa los criterios ambientales de la debida diligencia y provoca desbalances. También subraya que generalmente existe más rigor en las regulaciones ambientales, pero que en temas de derechos humanos aún existen lagunas legales.
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El verdadero compromiso con incluir consideraciones de derechos humanos en una compañía está en identificar los riesgos reales, dialogar con quienes necesitan ser escuchados, reparar daños cuando ocurren y generar mecanismos que funcionen para quienes más lo necesitan.
En lo personal, este es un tema que me mueve profundamente y fue el enfoque de mi maestría. He visto de primera mano cómo el compromiso del sector privado puede traducirse en acciones concretas que transforman vidas.
Hace unas semanas, en Colombia, presencié el trabajo de un equipo que creó una escuela comunitaria donde se enseña a niñas y niños sobre derechos humanos y se acompaña a las escuelas locales para fortalecer una cultura de respeto y participación. El impacto educativo no solamente es positivo para esta generación de infantes, sino que ofrece mejoras en el entendimiento de la importancia de los derechos humanos para futuras generaciones.
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En México estamos impulsando esfuerzos similares, al promover que contratistas y proveedores adopten principios de debida diligencia. Pero he aprendido que nada de esto funciona si no comienza por lo más básico: la educación. No puede haber respeto ni protección de los derechos humanos si las personas no los comprenden, no los reconocen como propios y no saben cómo ejercerlos.
La incorporación de los derechos humanos en las empresas debería resultar en acciones que garanticen la dignidad, la justicia y las oportunidades para todas las personas dentro y fuera del alcance de nuestras operaciones.
Estamos a menos de cinco años del cumplimiento de la Agenda 2030 y aún existen muchas personas que estamos dejando atrás. Es el momento indicado para recordar nuestra responsabilidad como sector privado, y pasar del discurso a la práctica y de la política al impacto.
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Nota del editor: Itzel Meyenberg Valero es Directora de Comunicación y Sostenibilidad Global de Aleatica. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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