Durante mucho tiempo pensé que la respuesta estaba en la regulación. Las empresas no tendrían por qué decidir voluntariamente hasta dónde quieren ser responsables. Para eso existe el Estado. Para establecer mínimos que no dependan de la buena voluntad de nadie.
El Pantone me hizo cuestionar también esa certeza, porque discriminar ya está prohibido. La Constitución mexicana prohíbe la discriminación por origen étnico o nacional, género y otras condiciones. Existe además una Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y Nuevo León cuenta con legislación local en la materia. No estamos frente a un vacío legal.
Entonces, ¿qué falta?
En una de mis clases de la universidad me enseñaron un caso que nunca olvidé: en Commune de Morsang-sur-Orge, de 1995, el Conseil d'État tuvo que pronunciarse sobre un espectáculo en el que una persona con enanismo era lanzada como entretenimiento. La persona participaba voluntariamente y recibía dinero por hacerlo. Aun así, el tribunal determinó que la dignidad humana formaba parte del orden público y que el Estado podía impedir aquella práctica incluso con su consentimiento (Conseil d'État, 1995).
Recuerdo que entonces me impresionó la pregunta de fondo: ¿hasta dónde dejamos que las personas y los negocios decidan sus propias reglas y en qué momento tiene que aparecer el Estado?
Años después entiendo que falta otra pregunta: ¿Qué pasa cuando el Estado ya apareció, la ley ya puso el límite y simplemente aprendimos a vivir como si no existiera?
Ahí es donde el “así es” deja de ser una frase inocente.
Porque una ley puede prohibir discriminar, pero alguien tiene que denunciar cuando ocurre. Una autoridad tiene que investigar. Alguien tiene que sancionar. Los consumidores tienen que decidir qué prácticas están dispuestos a financiar. Y una sociedad tiene que dejar de convertir ciertas violencias en parte del paisaje.
Si todo eso falla al mismo tiempo, la regulación termina siendo un documento burocrático que explica cómo debería funcionar un país distinto al que habitamos.
Y eso me devuelve a la sostenibilidad.
Durante años pensé que nuestro error había sido intentar convencer a las empresas cuando debíamos exigirles. Ahora creo que tampoco alcanza con eso.
Podemos aprobar obligaciones ambientales, estándares laborales, reglas de transparencia y cualquier cantidad de criterios ESG. Pero ninguna regulación se ejecuta sola.
Necesita instituciones que la hagan cumplir y ciudadanos que consideren suficientemente grave su incumplimiento como para exigirlo.
Porque quizá el verdadero peligro no empieza cuando alguien decide sacar un Pantone para clasificar personas.
Empieza cuando lo vemos, sabemos perfectamente lo que significa y nuestra respuesta colectiva termina siendo: Pues sí, así es.
Nota editorial: Aranzazu Zacarías Guevara es egresada de Sciences Po Paris y especialista en comunicación y sostenibilidad. Su trabajo parte de entender que la crisis climática no puede separarse de sus efectos sobre las personas: hoy concentra su trabajo en la relación entre sostenibilidad, salud mental, trauma y resiliencia. Síguela en Instagram como @aranzazuzg Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.