La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, declaró en la COP29 de la ONU en Azerbaiyán que había llegado el momento de "considerar gravámenes".
"Entre el transporte marítimo, las aerolíneas y los combustibles fósiles, estamos cómodamente en el rango de unos 350,000 millones de dólares al año, y esto se sumará sustancialmente al dinero público", insistió.
"Amplios sectores de la economía contaminan el planeta pero contribuyen poco a las finanzas públicas, al desarrollo y a la mitigación del cambio climático", afirmó el informe del grupo de trabajo publicado en Bakú.
Esos expertos plantearon gravámenes básicos sobre el combustible para jets privados, los viajeros frecuentes, las ganancias extraordinarias de combustibles fósiles, el transporte marítimo, las acciones, los bonos y los derivados.
También se proponen impuestos sobre las criptomonedas, los plásticos y las fortunas de los multimillonarios, esta última una idea promovida por Brasil durante su presidencia del G20.
Los expertos estiman que se podrían recaudar 5,200 millones de dólares con un gravamen sobre las criptomonedas debido al "alto consumo de energía de la minería de criptomonedas", una medida que también, argumentan, podría reducir las emisiones.