Las naciones en desarrollo habían estado presionando durante 30 años por un fondo específico para contribuir a la recuperación frente a los impactos climáticos, y el acuerdo alcanzado el año pasado fue considerado un gran avance diplomático.
Desde entonces, el mecanismo ha sido dotado de un director y una junta —donde los países en desarrollo tienen mayor representación que en otros fondos internacionales— así como de una sede en Manila, Filipinas.
Actualmente su sede está temporalmente en el Banco Mundial, pese a la reticencia de los países del sur.
Algunas estimaciones sugieren que los países en desarrollo necesitan más de 400,000 millones de dólares anuales para reconstruirse tras desastres relacionados con el clima. Un estudio estimó que la factura global será de entre 290,000 millones y 580,000 millones de dólares al año para 2030, y seguirá aumentando después de esa fecha.