Casi la mitad de las emisiones globales ya tiene un precio

Ese dato, que puede parecer técnico, significa que casi la mitad de la contaminación climática del planeta ya tiene un costo económico explícito, lo que puede alterar decisiones empresariales, fiscales y de inversión en todo el mundo.

¿Qué es el precio del carbono?

Para comprender el alcance del cambio es necesario entender qué es exactamente el precio del carbono. A diferencia de lo que se suele pensar, no se trata de un solo mecanismo, sino de un conjunto de instrumentos que buscan traducir el impacto climático de cada tonelada de CO2 en un valor monetario, es decir un cobro por contaminar.

Los gobiernos de cada país aplican impuestos al carbono emitido, imponen gravámenes a combustibles fósiles o crean mercados de comercio de emisiones (ETS) donde las empresas compran y venden permisos para emitir, explica Guillermina Barrera, especialista en medio ambiente, economía circular y cambio climático en Revolution. Estos mecanismos y su precio lo determinan cada una de las naciones.

Todos estos instrumentos combinados conforman lo que la OCDE mide como tasa efectiva de carbono (ECR, por sus siglas en inglés). La lógica detrás es simple: si emitir CO2 tiene un precio, las empresas tienen un incentivo financiero directo para reducir sus emisiones o invertir en tecnologías más limpias. Lo que antes era voluntario o reputacional, se convierte en un costo directo.

La OCDE apunta que el crecimiento más fuerte proviene de los sistemas de comercio de emisiones, cuya cobertura pasó del 10% al 22% entre 2018 y 2023. Paralelamente, los impuestos implícitos al carbono, especialmente los impuestos sobre combustibles fósiles, siguen representando la mayor parte de la señal económica que enfrentan hogares y empresas.

¿El precio del carbono funciona para reducir la contaminación?

Para Barrera este ha sido el único mecanismo con el que se ha obligado a las empresas a llevar a cabo proyectos de mitigación o de compensación.

“Lo que hacen las empresas es que lo ven por el tema de impuestos y eso constituye un riesgo financiero para ellas, por eso están volteando a ver qué tipo de proyectos de mitigación si pueden empezar a hacer, a cambiar a ecotecnologías, energía limpia, evaluar proyectos de eficiencia energética, sistemas de medición, etcétera”, comenta Barrera.

Si bien, casi la mitad de las emisiones ya tiene precio, los niveles siguen siendo bajos: solo el 16% de las emisiones enfrenta un costo superior a 30 euros por tonelada, y apenas el 11% supera los 60 euros, una cifra muy por debajo de lo que recomiendan organismos internacionales para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Esto significa que el mundo avanza hacia una economía donde contaminar es cada vez más costoso, aunque todavía falta robustecer los niveles de precio para que el cambio sea verdaderamente transformador.

Sin embargo, los ingresos que generan estas políticas son también una pieza clave y es que a nivel internacional, el Banco Mundial documentó que los gobiernos recaudaron más de 100,000 millones de dólares en 2024 mediante instrumentos de precio al carbono, recursos que en muchos casos se destinan a infraestructura verde, transición energética o compensaciones sociales para mitigar impactos económicos.

Para países con presupuestos limitados, la precificación ( o fijación de precios) del carbono se convierte en un mecanismo doble: desincentivar emisiones y financiar la transformación productiva.

¿Cómo se encuentra México?

En México la arquitectura del precio al carbono es especialmente compleja porque combina impuestos federales, impuestos estatales y un sistema de comercio de emisiones que aún opera como programa piloto, dice Barrera

“México tiene varios sistemas de precios al carbono. Uno de ellos es el impuesto al carbono por el consumo de combustibles; ese lo pagamos todos”, señala. Pero no es el único, existen también impuestos por importación de combustibles, gravámenes a vehículos importados y los llamados impuestos ecológicos estatales que ya aplican 19 entidades, el problema es que cada estado lo determina basado en sus propias políticas y metas. La disparidad es enorme, por ejemplo, mientras en la Ciudad de México la tonelada de CO2 se paga en 58 pesos, en Querétaro cuesta cerca de 600.

Sobre el sistema federal de comercio de emisiones, Barrera subraya que, aunque se lanzó un piloto, por ahora está detenido. Este mecanismo de tipo cap and trade (tope y comercio) establece un tope de 100,000 toneladas anuales por empresa, quienes emiten menos pueden vender sus excedentes y quienes sobrepasan ese límite deben adquirir compensaciones o créditos de carbono.

Aunque el mecanismo no opera y el impuesto a las emisiones varía de estado a estado, el hecho de que constituya un riesgo sí está generando cambios reales en el sector privado.

Barrera cuenta el caso de una empresa que, ante el aumento de costos energéticos y la presión regulatoria, decidió instalar un sistema fotovoltaico. “Están felices, porque de 300,000 pesos que pagaban de luz ahora están pagando 25 o 30. El precio al carbono acaba impulsando decisiones que reducen simultáneamente emisiones y costos operativos”.

Sin embargo, la especialista alerta que el precio actual del carbono en México es demasiado bajo para detonar inversiones de gran escala “Se ha propuesto un precio por la tonelada de CO2 equivalente reducida de tres a cuatro dólares, un precio bajo porque cuando haces una corrida financiera te das cuenta de que no da para la recuperación de la inversión”, comenta.

El análisis coincide con el diagnóstico global. El precio del carbono avanza, pero necesita valores más altos y reglas más claras para cumplir su propósito. La OCDE insiste en que la década actual será decisiva. Con una cobertura cercana al 50% del total de emisiones globales, la política de precio al carbono ya no es un experimento aislado, sino un componente central de la gobernanza climática mundial.

Sin embargo, su efectividad dependerá de que más países eleven sus precios, expandan la cobertura a más sectores, en especial a industrias intensivas en emisiones, y garanticen que los ingresos se utilicen para acelerar la descarbonización y proteger a las comunidades más vulnerables.