Según el Banco Mundial, el 10% más rico en México concentra cerca del 60% de la riqueza nacional. Tal concentración de recursos se traduce en patrones de consumo intensivos: más viajes aéreos, vehículos privados de gran tamaño, mayores superficies de vivienda y, por tanto, un mayor uso de energía. Para la Agencia Internacional de Energía (AIE), el sector residencial representó alrededor del 17% del consumo final de energía en México en 2023, y su peso crece conforme lo hace el poder adquisitivo.
“Eso habla de patrones de consumo de energía y de materiales, pero también de un enorme potencial en este sector de reducción de emisiones”, dice Verónica Garibay, gerente de Política Energética en la Iniciativa Climática de México (ICM).
Para Garibay, la clave está en reconocer que los hogares de altos ingresos no solo contribuyen más al cambio climático, sino que también tienen el poder y la responsabilidad de actuar antes.
“Si bien los sectores de mayores ingresos tienen una carga de emisiones mucho más alta, también tienen las posibilidades de invertir en tecnologías, cambios de procesos, mucho más accesibles que para otros sectores”, comenta la especialista.
La transición energética justa, por tanto, pasa no solo por políticas públicas, sino por una transformación cultural y ética de quienes más tienen.
ICM propone aprovechar el potencial de liderazgo de estos grupos. “Podemos apalancarnos con ciudadanas, ciudadanos de este sector de la población para acelerar la transición hacia un futuro con menos carbono”, señala Garibay.
Esto implica desde instalar paneles solares o reducir el uso del automóvil, hasta influir en sus entornos laborales y comunitarios.
“Las personas con altos ingresos también tienen una alta influencia política en sus entornos. Pueden influir dentro de sus ámbitos laborales, familiares, de comunidad, a que se vaya dando también esta transición hacia una descarbonización de las actividades de todos”, comenta la experta.
