La falta de coordinación entre gobierno y empresas entorpece la descarbonización marítima

En abril de 2025, durante la sesión del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC 83), la OMI aprobó el borrador del llamado Marco Net Zero, el primer mecanismo global de fijación de precios al carbono para la industria naviera. El marco, que estaba programado para su adopción formal en octubre de 2025 y su entrada en vigor en 2027, establece estándares obligatorios de intensidad de emisiones y un sistema de precios para buques de más de 5,000 toneladas de arqueo bruto, una categoría que concentra el 85% del CO2 generado por el transporte marítimo internacional, de acuerdo con la OMI.

Sin embargo, la sesión extraordinaria del MEPC convocada para esa adopción fue postergada y la reconvocatoria está prevista para finales de 2026, según el Global Maritime Forum.

Vercelli atribuye ese aplazamiento a cambios de gobierno en países clave que alteraron su postura frente a la agenda climática en los últimos meses. "Ha habido resistencia de esos países y se pospuso por un año la fijación de esta hoja de ruta", comenta. La OMI, a diferencia de otros foros multilaterales, tiene un poder vinculante particular, una vez que adopta una medida, los países miembros quedan obligados a cumplirla. Eso convierte cada postergación en una pérdida de tiempo regulatorio real.

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Para México, el contexto importa por partida doble. El país ocupa una posición geográfica clave, pues es el puente entre el Atlántico y el Pacífico, recibe influencia de los flujos comerciales con Asia y con los mercados de destino en Europa y América del Norte, y mantiene con Estados Unidos y Canadá una relación comercial con el T-MEC.

En 2024, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante publicó la Estrategia Nacional de Descarbonización de Puertos, que establece una ruta hacia las emisiones netas cero en el horizonte de 2050.

Esa estrategia es consistente con la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) 3.0 que México presentó en la COP30, celebrada en Belém, Brasil, en noviembre de 2025, donde varios países incluyeron en sus planes climáticos metas específicas para el transporte marítimo. Además, el país participa en el programa GreenVoyage2050 de la OMI, orientado a apoyar a naciones en desarrollo en la construcción de marcos de política para la descarbonización naval.

"México es un país que ha ido realizando su agenda en este sentido y que por lo tanto está mejor preparado que aquellos países que han sido un poco más flojos", dice Vercelli. Sin embargo, la falta de coordinación ha rezagado los avances.

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Por un lado, la industria avanza en implementación de tecnología. Existen motores alternativos y combustibles como el metanol verde, el etanol o el hidrógeno que pueden sustituir al diésel y al petróleo fósil que hoy alimentan el 98% de los buques de carga y pasajeros.

Pero es urgente acelerar la viabilidad económica, pues sin incentivos o sin señales de precio que encarezcan las emisiones, la curva de adopción tecnológica sigue su ritmo natural, más lento que el que los plazos climáticos permiten y ahí la política pública es primordial.

Un mecanismo que ya está enviando señales en esa dirección es el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, vigente desde inicios de 2026. El CBAM obliga a quienes importen ciertos bienes (acero, aluminio, cemento, fertilizantes) a declarar la huella de carbono de esos productos, incluyendo el transporte, y a pagar un gravamen proporcional a esas emisiones.

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El efecto en cadena es directo, los exportadores que envíen mercancías a Europa tienen ahora un incentivo económico concreto para presionar a los navieros a reducir emisiones, porque de lo contrario la competitividad de sus productos en ese mercado se deteriora.

"Cuando ya el tema climático deja de ser solamente medioambiental y es un tema de base económico-financiero y es un tema de comercio, quien no vea que la inacción es una fuente de desventaja competitiva, está siendo miope", dice Vercelli.

Para el especialista, la acción más urgente en México es establecer un precio al carbono por emisión en el sector marítimo. La medida permitiría alinear la señal económica con la regulación climática y abrir el espacio de financiamiento para la transición tecnológica. En paralelo, Vercelli considera que el hito global más relevante en los próximos dos años sería que la OMI llegue por fin a acordar su hoja de ruta, lo que desencadenaría la transformación en política pública a escala global, con consecuencias directas para los países que dependen del comercio marítimo.